EscucharEl diputado socialcristiano, Leslye Bojorges, a quien la Fiscalía le decomisó el celular por ser parte de una investigación, reconoció este jueves que se reunió con dos empresarios que ahora están en la cárcel.
El legislador aceptó que el fiscal general le decomisó su teléfono móvil como parte de la investigación Madre Patria, y dio su versión del porqué está embarrado en semejante chanchullo.
LEA MÁS: Venezolana llegó a Costa Rica solo con su hijo y un bolso con ropa y ahora tiene su propio negocio
“En este caso particular me buscaron unos líderes de la comunidad del barrio San José de Alajuela para decirme que se iban a quedar sin el servicio de transporte de autobús, y que querían que yo les ayudara a resolver el problema. Yo saqué una cita con el viceministro de Obras Públicas y Transportes, don Carlos Ávila, y me reuní con los dueños de la empresa de transporte de buses para preguntarles de qué se trataba el asunto, por qué les querían quitar la ruta de buses.
LEA MÁS: La NASA prueba unos robots con tecnología 100% costarricense que podría ir a Marte y más allá
“Ellos (los empresarios) me dijeron que tenían los permisos, que tenían la concesión, que a los buses había que hacerles algunas mejoras, pero que todo estaba en perfectas condiciones. Fui y me reuní con don Carlos Ávila... efectivamente él se comprometió a que el servicio de buses no se iba a interrumpir, pero pasó algún tiempo y no se había resuelto el problema, así que los dueños de la empresa de buses, que dentro de esos estaba un señor Jonathan, quien era el administrador, y un señor que se llama Fernando (ambos hoy están en la cárcel), y volvimos a llamar a don Carlos Ávila, le preguntamos por qué no se había resuelto el problema y él dijo que estaba en estudio”, contó Bojorges.
El legislador reconoció que cuando estuvo en conversaciones con los empresarios, ellos le preguntaron si le podían ayudar de alguna forma y él les dijo que no, que no necesitaba nada.
El diputado apuntó que los empresarios insistieron y le preguntaron si podían ayudar a alguna persona y entonces él dio dos nombres.
LEA MÁS: La Asamblea Legislativa cumple 200 años y estos los eventos más memorables de su historia
“Si ustedes le quieren ayudar, le pueden ayudar a la candidata alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, hoy alcaldesa, y le pueden ayudar a Arturo Campos, candidato alcalde del cantón central de la Alajuela, a cualquiera de ellos”, les dijo el socialcristiano a los empresarios.
Bojorges afirma no sabe de qué forma le habrían ayudado los empresarios a Gabriela y a Arturo, y asegura que él en ningún momento hizo nada malo, por eso no dejará sus intenciones de ser precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El congresista del PUSC sostiene que cuando se reunió con los empresarios, él no tenía idea de que estaba haciendo chanchullos y mucho menos que estaban siendo investigados por la Fiscalía y el OIJ por los fraudes que, aparentemente, llevaban a cabo.
En junio pasado, el OIJ hizo 47 allanamientos por el caso Madre Patria. En ellos fueron detenidos cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales por, presuntamente, colaborar con una organización criminal, la cual, al parecer, se dedicaba al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica.
Este miércoles, además de decomisarle el celular a Bojorges, la Fiscalía también secuestró los teléfonos a otros tres altos funcionarios públicos: el viceministro de Transportes, Carlos Ávila; la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, del PUSC; y la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna.
