EscucharLa diputada Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista, propuso un proyecto de ley que pretende castigar de una forma nunca antes vista a los presidentes y vicepresidentes de la República cuando cometan ataques de violencia política contra mujeres.
La legisladora propone que cuando personas elegidas de forma popular, como el presidente de la República, los vicepresidentes y los diputados, realicen ataques de violencia política contra mujeres, sean sancionados con la inhabilitación de cargos públicos hasta por ocho años.
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Para esto, Córdoba propone modificar la “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” e incorporar la sanción.
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En la exposición de motivos que justifican el proyecto de ley, la legisladora explica que solo entre setiembre de 2023 a enero de 2025 se han producido situaciones que pueden ser tipificadas como violencia de género, que es cuando se quiere “perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos”, también “Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su capacidad política en razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en privado o en público”, según dice la ley.
“En setiembre de 2023, el presidente Rodrigo Chaves equiparó la actuación de la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, quien votó contrariamente a la posición del Gobierno, con una “traición a los ideales del pueblo de Costa Rica”. De esta forma, denigró públicamente a la señora Alpízar por presentar una posición distinta al resto de su fracción (la votación fue sobre el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris).
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“En agosto de 2024, la diputada Sonia Rojas Méndez fue motivo de ofensa por identificarse como mujer indígena. Chaves declaró “ustedes conocen a un personaje, a una diputada en la Asamblea Legislativa que se apropió, o se identifica, ahora que está de moda. Yo me identifico como tal cosa, cualquier cosa que se le ocurra a uno identificarse, ella se identifica como defensora y representante legítima de los pueblos indígenas, sin embargo, no apoyó la gestión de este Gobierno para devolverles a ustedes las tierras”, se detalla en la explicación del proyecto de ley.
“En noviembre de 2024, la diputada Sofía Guillén Pérez sufrió un ataque por parte del presidente de la República, quien la denominó como ‘diputadilla, comunista y resentida social’ por sus declaraciones sobre la diputada Pilar Cisneros. El origen de estas declaraciones se relacionan con la consulta de inconstitucionalidad presentada por el partido de Gobierno ante las mociones de la Comisión de Asuntos Hacendarios al Presupuesto Nacional de 2025, las cuales buscaban más fondos para educación, seguridad, infraestructura y otros.
“En diciembre de 2024, sobre la diputada Dinorah Barquero Barquero, Chaves dijo: “En el caso de Dinorah Barquero, no sé si ella no estudia, no entiende lo que estudia y lo tergiversa, o es una gran mentirosa. No puedo saber cuál de las tres (…) Vagabunda, tonta que no entiende, o mentirosa”. Lo anterior no es más que un ataque directo a la dignidad de la persona en su cargo como diputada”, agregó la iniciativa, la cual será enviada a una comisión legislativa para ser analizada.
