El polémico caso de las tierras del refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el que se está investigando si el empresario Allan Pacheco Dent, amigo del presidente Rodrigo Chaves, habría adquirido de forma irregular terrenos de una zona protegida para talarlos, podría causar un enorme cambio en la ley.
La Fiscalía está investigando, además, si se están destruyendo humedales en el refugio.
Actualmente ese tipo de hechos no constan como un delito, pero un proyecto de ley propuesto por el diputado Antonio Ortega, del Partido frente Amplio, pretende hacer un cambio en el que esos hechos, si se llegan a comprobar, serían tipificados como “tráfico de tierras”.
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“Este proyecto de ley permitirá fortalecer la persecución penal y penal ambiental del delito para combatir el tráfico de tierras, la gentrificación (que es cuando gente de plata desplaza personas de menos recursos), la corrupción en la función pública y la desertificación (deforestación)”, señaló Antonio Ortega, diputado proponente.
La ley para Combatir el Tráfico de Tierras establecería este nuevo tipo penal cuando se usen: “… mecanismos ilegales para incorporar tierras del Estado a mecanismos económicos. Detrás de esto existen estructuras, organizaciones dedicadas a identificar grandes extensiones de tierra para dedicarlas, por ejemplo, a monocultivos o cultivos intensivos de piña, banano o para bienes raíces y convertirlos en un negocio”.
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La iniciativa de ley propone incorporar a la ley forestal el tipo penal “tráfico de tierras”, actualizar el concepto de usurpación en el Código Penal y la extensión de la responsabilidad penal de personas jurídicas para los delitos regulados en la Ley de “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”.
“Necesitamos que nuestra legislación se actualice para combatir estas prácticas ilegales en beneficio privado, no podemos seguir permitiendo que, mediante mecanismos oscuros y delictivos, unos pocos se estén robando el suelo público en nombre de su enriquecimiento personal y en detrimento de nuestra riqueza natural y del beneficio de toda la sociedad costarricense”, agregó el diputado Ortega.