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En el centro de San José hay siete pisos en huelga y desperdiciados.
Los breteadores del país no han podido estrenar el edificio que el Poder Judicial alquiló al costado norte de la catedral para atender a los trabajadores que crean necesitar asesoría o ayuda legal para aclarar diferencias con su patrono. Esto tiene que ver con la entrada en vigencia del nuevo Código de Trabajo.
Este miércoles 26 de julio las puertas estaban cerradas y llenas de carteles que dejan bien clarito que los empleados judiciales de ese edifico apoyaban la huelga y no están trabajando.
Un empleado que no quiso ser identificado nos dijo que estaban atendiendo pero solo casos urgentes. Cuando le preguntamos qué era un caso urgente nos dijo que hasta las once de la mañana de este miércoles nadie había sido atendido.
El edificio, que ya tiene rótulos del Poder Judicial, se conocerá desde el 25 de julio como la Jurisdicción Laboral del Primer Circuito Judicial de San José. Es el esfuerzo del Poder Judicial para centralizar los asuntos laborales a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral (nuevo Código de Trabajo).
Un mall laboral
Este miércoles hicimos un recorrido por el edificio y comprobamos que nadie estaba breteando y que ya todo está completamente rotulado. En el primer piso se ubicaron las salas de juicio, salas de espera y sala de atención (defensa pública); en el segundo piso se acomodó el Tribunal de Trabajo; en el tercero, la sección especializada de asistencia social (defensa pública).
En el cuarto hay cuatro salas de juicio (dela 401 a la 404); en el quinto piso, el Juzgado de Trabajo, sección primera y segunda; las oficinas de los jueces y juezas será en el sexto piso y el sétimo piso tendrá la sala de lactancia para las mamitas (todavía están acondicionándola).
Todo está nuevo: las sillas, las puertas, los servicios sanitarios, los elevadores, los pisos, las salidas de emergencia y hasta la seguridad privada que, por cierto, mientras tomábamos fotos en ese edificio público, nos invitó a irnos y cuando nos puso puerta fuera, echó tranca.
El abogado experto en material laboral Marco Durante, de la empresa BDS, explicó que ese edificio es la clara intención del Poder Judicial por centralizar la defensa pública y los juzgados de trabajo de la sección primera, en donde se ubicarán 18 defensores públicos por los momentos. En total el Poder Judicial tendrá 72 defensores públicos nuevos, en la primera etapa se contrataron 36.
“Es muy positivo porque todo lo laboral se atenderá en un mismo edificio. Un trabajador que considere tener un problema laboral, comienza y finaliza su caso en ese mismo lugar, porque está desde defensa pública, donde la persona puede tener un abogado gratis (si su salario es menor a 900 mil colones), hasta los juzgados”, comentó Durante.
En esos siete pisos habrá, por ahora, 18 defensores públicos al servicio de los costarricenses, dentro de pocos meses se duplicará la cantidad. En el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, hay otros dos defensores públicos para temas exclusivamente laborales.
La inversión del Poder Judicial en recurso humano ronda los ¢8.952 millones, que contemplan ¢5.286,6 millones para las plazas nuevas de jueces, juezas, personal técnico, defensores y defensoras sociales, profesionales y médicos para la atención de riesgos del trabajo.
