La diputada Pilar Cisneros planteará este lunes algo de suma importancia en el tema de la ley jaguar y el referéndum que quiere llevar a cabo el Gobierno.
La legisladora oficialista contó a La Teja que ahora que la Sala Constitucional rechazó la consulta que enviaron 22 diputados para saber si la ley jaguar es o no Constitucional, ella hará todo lo posible que para que el proyecto de ley se vote ya.
Al consultarle a Cisneros si había claridad sobre cuándo se haría la votación dijo que no y que el tema se complica aún más con la ausencia de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. La decisión deberá tomarla ahora la diputada Rosalía Brown, vicepresidenta del Congreso.
“Voy a insistir en votarlo lo antes posible, el proyecto está activo en plenario. Doña Rosalía tendrá que tomar la decisión”.
Se había definido que el proyecto se votaría este martes 25 de junio, pero debido a consulta a la Sala Constitucional, el proceso se había suspendido, sin embargo, Cisneros dijo que hará todo lo posible para que entonces siempre sí se vote el proyecto este martes.
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La legisladora dijo que aún no ha tenido conversaciones con diputados de otras fracciones para ver cómo está el tema del apoyo al proyecto de ley de cara a la votación.
“No lo he sondeado. Espero de corazón tener los 29 votos, pero no estoy segura”, argumentó Cisneros.
En esta ocasión no se necesita dos debates como para la aprobación de cualquier otra ley, solo se necesita uno. Si al menos 29 diputados votan a favor el trámite del referéndum pasa a manos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Ley jaguar golpea la Contraloría
La ley jaguar ha sido muy polémica porque, según los expertos, modifica las competencias de la Contraloría General de la República y las debilita.
El presidente Rodrigo Chaves asegura que pretende “fortalecer” a la Contraloría porque se le han escapado un montón de “elefantes”, haciendo alusión a casos de corrupción del pasado y con la reforma eso cambiaría, aunque muchos de los casos de los que hablan no han sido competencia de la Contraloría.
Con los cambios que propone la ley jaguar se le impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar ya después de que se concreten, o sea, ya pa’ qué.
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Además, se le quitaría a la institución la potestad de suspender los contratos del Estado cuando detecte irregularidades o ilegalidades. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse por medio de una orden judicial.
Otra de las modificaciones es que la Contraloría “no podría sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”, es decir, no podría interferir ni frenar procesos irregulares del Gobierno.