EscucharPilar Cisneros, diputada oficialista, explotó por la detención de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como sospechosa en una investigación que lleva a cabo la Fiscalía por un supuesto sobreprecio millonario en la adjudicación de los Ebais a cooperativas.
Esquivel y otros siete jerarcas de la Caja fueron arrestados y serán llevados a los Tribunales de Goicoechea para ser indagados sobre el delicado caso.
La legisladora defiende a capa y espada a Esquivel.
“Absolutamente sorprendidos y, por qué no decir, indignados con los 28 allanamientos y los ocho detenidos por una investigación de prevaricado, porque, ¿qué es el prevaricato? Es dictar una resolución contraria a la ley o basarlo en hechos falsos.
“Esta resolución, que no fue tomada por Marta Eugenia Esquivel, sino por toda la junta directiva de la Caja, lo que pretendía era evitar el cierre de 150 Ebais, ¿se imaginan lo que hubiera pasado? Cientos de miles de costarricenses sin recibir su atención de salud.
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“Lo más increíble es que esta acción ni siquiera ha sido impugnada ni declarada ilegal, así que para mí, detener a esas personas en una investigación de prevaricado, es un claro abuso de poder de las autoridades judiciales”, aseguró Cisneros.
El Ministerio Público informó que, al parecer, la junta de la Caja se apropió de forma indebida del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebais.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas, es decir.
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“Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”, detalló la Fiscalía.
Las autoridades también investigan el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, este se dio por 10 años.
Gobierno le habla a quienes lo apoyan sin cuestionar nada
El politógo Francisco Barahora dijo que el mensaje del Gobierno está dirigido a quienes apoyan de forma fiel a Chaves, sin cuestionarlo ni a él ni a sus jerarcas.
“Si la Fiscalía, bajo la autoridad de un juez, tomó la decisión de arrestarla, es por algo; la institucionalidad debe respetarse porque la Fiscalía tiene sus razones y tiene tiempo investigando este tema y no creo que haya actuado precipitadamente ni como dice la ministra, en términos sospechosos contra el Gobierno.
Barahona dijo que el presidente está pasando por momentos muy difíciles porque se está viendo contra la propia institucionalidad, que a través de denuncias se está investigando al Gobierno y eso él no se lo esperaba.
