EscucharLa persona que se pasó de lista y borró archivos de uno de los correos de los sospechosos del caso de los ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que está involucrada Marta Esquivel, se le metió al tren y tendrá que enfrentar la justicia.
El abogado especializado en ciberseguridad, Adalid Medrano, explica que esa acción es catalogada como un delito y puede ser castigado hasta con cárcel.
LEA MÁS: Desmienten a Rodrigo Chaves: Adjudicaciones de la Caja a cooperativas por ebáis sí están en firme
Este jueves el OIJ informó que descubrieron el faltante de archivos en uno de los correos de los sospechosos y alertaron de que fueron borrados después del allanamiento.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves enciende las alarmas: “Llama al pueblo, como un general frente a su tropa”
La Policía Judicial recordó que el lunes 23 de setiembre el Juzgado Penal de Hacienda inició con el allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Caja, en el cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso Barrenador.
“Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa.
“El martes 24 de setiembre, a las 9 a. m., se ve en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez en contra, y se presume que aprovechó ese momento para borrar cuatro correos. La revisión interna apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma Caja, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago”, especificó el OIJ.
Las autoridades se dieron cuenta de lo ocurrido el 25 de setiembre a eso de las 8:30 a. m., dos días después de los allanamientos.
LEA MÁS: Rodrigo Arias le manda un mensaje claro y sin adornos a Rodrigo Chaves
Alguien habilitó el correo del sospechoso pese a orden de juez
Un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los hombres), generó errores en la sincronización de archivos y al revisar la bitácora se observó que había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
“El correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones, ya que regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos.
LEA MÁS: Presidente del Poder Judicial manda contundente recado a Rodrigo Chaves y rechaza lo que dijo
“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios. No es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba, como ya sucedió lamentablemente en este caso”, aseguró el OIJ.
Los agentes judiciales van a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos y en caso de no contar con la tecnología disponible se solicitará asistencia internacional.
Abogado explicó cómo se habrían dado el delito
Adalid Medrano tiene mucho conocimiento en estos temas y explicó que para empezar a rastrear quién o quiénes participaron en el asunto, lo primero que hay que ver es si para entrar al usuario del funcionario que tiene potestad para habilitar los correos usaron la contraseña de él o generaron una nueva; lo mismo a la hora de ingresar al correo del detenido para borrar los archivos.
Medrano explica que esto es importante, porque si quienes accedieron a esas cuentas usaron las mismas contraseñas que habían establecido los propietarios, lo más probable es que lo hicieran con colaboración de ellos, pero si se generaron contraseñas nuevas podrían haberlo hecho por su propia cuenta.
El abogado señaló que quienes hayan participado en estas acciones habrían cometido el delito de Violación a la custodia de las cosas.
“Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, en el interés del servicio público”, dice la ley.
Otra cosa importante que dijo Medrano es que lo más probable es que estos archivos borrados se puedan recuperar.
Hay varias maneras de hacerlo, la primera es por medio de herramientas forenses, la segunda es ver si la Caja tiene respaldos de estas informaciones en sus servidores, y la tercera es pedirle ayuda a Microsoft para que ellos recuperen los datos y los envíen al OIJ.
