“Al final, termine con ¢10 millones, ¢20 millones o ¢50 millones, ese monto que acumulé de activo mío, que yo ahorré y que, además, fue alimentado con rendimientos, es el que se reduciría en un 9,63%. Quiere decir que si yo iba a tener ¢100 millones, voy a tener un 9,63% menos, voy a tener ¢90 y algo de millones”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Aguilar agregó que el impacto más grande lo sufriría el ROP, porque el mayor porcentaje de lo que el trabajador acumula durante su tiempo de afiliado viene de los rendimientos, y lo que se estaría gravando son esos rendimientos.

Esas fueron las advertencias hechas por la jerarca de la Supén, ante la posibilidad de que los diputados aprueben el impuesto de un 7,5% que el Gobierno propuso cobrar sobre los rendimientos de los fondos de jubilaciones complementarias.

La Supén hizo el cálculo sobre el efecto que tendría un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda a finales de diciembre, el cual eliminaría la exoneración fiscal que hoy tienen los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), los planes de pensiones voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La idea del Gobierno es cobrar un 7,5% de impuesto sobre los intereses que obtengan estos fondos para recaudar unos ¢62.000 millones que ayuden a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.

Sin embargo, Aguilar explicó que las pensiones finales del ROP se reducirían en 9,63% por la reducción que implicaría el impuesto sobre los intereses que cada trabajador gana en su cuenta de jubilación complementaria.

Por ejemplo, un trabajador que podría acumular ¢50 millones para su ROP después de 40 años de vida laboral, pasaría a acumular ¢45,2 millones a causa del impuesto. Perdería ¢4,8 millones para su retiro, según la explicación de la superintendenta.

Efecto dominó

El tributo sobre los rendimientos tendría un efecto cascada, el cual disminuye el monto de dinero que las operadoras de pensiones reinvierten cada vez que salen a colocar el dinero en busca de nuevos rendimientos.

La superintendenta explicó que cuando una persona se pensiona, más del 60% de los recursos de su fondo de pensiones proviene de los rendimientos obtenidos por las inversiones que su operadora hizo con sus ahorros durante la vida laboral del beneficiario.

El aporte inicial para el ROP de cada persona proviene de cotizaciones sobre el salario: un 1% lo aporta el asalariado y un 3,25% el patrono, para un total de 4,25%.

El impuesto también implicaría un problema para todo el sistema de pensiones, pues reduciría la tasa de reemplazo del ROP (el porcentaje que significa la pensión de un trabajador frente a su último salario).

El ROP fue creado hace 20 años previendo los problemas de financiamiento en que entraría el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

Por ejemplo, si el último sueldo de un trabajador fue de ¢1 millón, la idea es que el IVM le dé ¢400.000 (40%) y el ROP, ¢200.000 (20%), pero con el impuesto la pensión complementaria bajaría a ¢180.000, aunque existen planes de retiro en los que la operadora revisa la pensión anualmente.

De acuerdo con Aguilar, el impacto constituiría un problema para la Caja, pues esta institución tendría que realizar nuevos ajustes para completar esa diferencia, si se decide mantener en 60% la tasa de reemplazo y no dejarla en 58%.

“Los ajustes pueden ser varios, pero fundamentalmente pueden estar orientados en el de parámetros, sea (aumentar) la edad de pensión u otras variables”, dijo Aguilar.

El plan del Gobierno también pretende gravar los sistemas de pensiones complementarios que existan en instituciones estatales y empresas públicas o privadas.