EscucharEl boom de la película Sound of Freedom (Sonido de la Libertad) ha causado muchas reacciones encontradas, muchos defienden la cinta y otros la critican, pero lo cierto es que esa polémica ha sido la clave del éxito que está teniendo en varios países de América.
La película es basada en una historia real y denuncia la explotación y el tráfico de niños.
Los diputados del Partido Nueva República se sintieron inspirados por la cinta y presentaron un proyecto de ley relacionado con el tráfico de personas.
Ellos aseguran que al menos 2,4 millones de personas son víctimas de trata, en su mayoría personas menores de edad, según información de la Organización Mundial de Trabajo (OIT).
Por esta razón, con el objetivo de hacerle frente a esta problemática de la que Costa Rica se ha visto afectada, esa fracción legislativa presentó el expediente 23.871, el cual aumenta las penas de prisión por el delito de tráfico de personas menores de edad y tráfico de órganos.
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La iniciativa aumenta hasta a 25 años de prisión a quien promueva, facilite o favorezca la venta de personas, y hasta 30 años si es ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad.
“Lamentablemente Costa Rica ha sido un territorio utilizado para la trata de niños y adolescentes, principalmente, con fines de explotación sexual. Como país, debemos proteger a nuestra niñez del denominado turismo sexual”, dijo el diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República.
En el proyecto se incorpora la participación de cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales como parte de la coalición que establece la Ley de contra la Trata de Personas, responsables de elaborar políticas públicas para la prevención del tráfico ilícito y la trata de personas.
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Nueva República invitó a la Asamblea Legislativa al cineasta mexicano Eduardo Verástegui, productor de la cinta, y él contó todos los obstáculos que tuvo para sacar adelante la película.
Según un informe de las Naciones Unidas, para el 2018 el tráfico de niñas en Centroamérica y el Caribe representa un 40% de todas las víctimas, uno de los mayores de todo el mundo, y para el año 2020 el gobierno costarricense identificó 30 niñas y niños en esta condición.
