Los papás que permitan u oculten relaciones impropias en las que estén sus hijos menores de edad, tendrán el castigo más duro de todos.
Pero bueno, para entender bien este tema, hay que tener claro qué es una relación impropia. Existen dos categorías, la primera es cuando hay relaciones sexuales entre una persona mayor de edad y adolescentes entre los 15 y 17 años. Cuando la diferencia de edad entre ambos es de siete años o más. Este delito se castiga hasta con tres años de prisión.
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La otra se produce cuando existe un vínculo entre mayores de edad y adolescentes de entre los 13 y 15 años, si la diferencia entre ambas personas es de al menos cinco años. Esta se penaliza hasta con seis años de prisión.
Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que permitirá retirar la patria potestad a padres y madres que permitan que sus hijos tengan este tipo de relaciones.
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La iniciativa fue impulsada por la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y modifica los artículos 143 y 159 del Código de Familia, así como el numeral 130 del Código de Niñez y Adolescencia.
En el numeral 143, el proyecto reforma su redacción para incluir dentro de los atributos de la responsabilidad parental y la representación de menores la obligación de proteger a los hijos de “cualquier tipo de violencia, incluyendo las relaciones impropias”.
En el artículo 159 se añadió que la “omisión de denunciar las relaciones impropias en que se vean afectados sus hijos e hijas” como una causa de suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.
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Y en el artículo 130 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los diputados agregaron, entre las causas para que un menor reciba medidas de protección del Estado, el hecho de que “se encuentre en una relación impropia o en otras situaciones de riesgo de violencia y desprotección”.
La diputada Rocío Alfaro remarcó la urgencia de dejar de ver como normal las relaciones impropias como medida para prevenir la violencia y el feminicidio, ya que asegura se han identificado antecedentes de relaciones impropias en situaciones en las que una pareja o expareja ha asesinado a una mujer.
“En la medida en que esto deje de naturalizarse, en la medida en que padres y madres o encargados asuman realmente su responsabilidad, no tendremos estos casos ni el temor que embarga a las víctimas para hacer la denuncia, porque todos estos casos de denuncia son de quienes interrumpieron con ese ciclo de naturalizar lo que les estaba pasando”, expresó la legisladora.