Distintas organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a impulsar mejoras en la infraestructura y condiciones de movilidad de las personas, le enviaron una carta al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, con soluciones para el problema que dicen estar afrontando los autobuseros.

En la carta, las organizaciones, entre ellas Asomov, Aconvivir, Movimiento de Discapacidad de Costa Rica, que luchan por garantizar la seguridad de los usuarios de bus y la continuidad del servicio sin desmejorar la calidad, reconocen que el país enfrenta una crisis de transporte público que afecta a la población; en especial, a quienes dependen de dicho medio para ir a estudiar o trabajar.

“Nuestro transporte público quedó obsoleto y urge de acciones para modernizarse y transformar la movilidad de las personas, lo cual requiere de planes y fondos que permitan a la población disfrutar de un servicio público de calidad”, explicaron.

Recordaron que, lamentablemente, lo que se ha planteado en las últimas semanas va encaminado al envejecimiento de las unidades (extender su vida útil de 15 a 20 años) y proponen hacer un análisis de fondos que puedan usarse para modernizar el servicio.

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“Costa Rica cuenta con una trayectoria de protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, y en el Plan Nacional de Descarbonización, el eje número 1 establece el desarrollo de un sistema de movilidad basado en transporte público seguro, eficiente y renovable, y en esquemas de movilidad activa y compartida”, continúa explicando la misiva.

Agregaron que ante la urgencia que afrontan como usuarios, se dieron a la tarea de identificar posibles fuentes de financiamiento, otorgadas gracias a nuestro compromiso ambiental y metas de descarbonización, que pudieran aprovecharse para atender la precaria situación que enfrentamos en el servicio de autobús.

• Financiamiento por $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica ($230 millones de capital ordinario, más $50 millones otorgados por el Gobierno de Corea, financiamiento paralelo por 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
• Préstamo de $700 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.
• $103 millones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la descarbonización, movilidad y negocios de economía circular, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

¿En qué se ha usado?

Las organizaciones le solicitaron al ministro de Hacienda comunicarle a la población las siguientes interrogantes:

-¿Cuál es el plan de inversión de cada uno de los fondos mencionados y en cuáles ejes del plan de descarbonización se estarán utilizando?

-¿Cuáles son las acciones puntuales para utilizar esos fondos en mejora de las condiciones del transporte público?

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-¿Cuánto de dichos fondos han sido utilizados y en cuáles proyectos de descarbonización?

-¿Cuánto queda disponible que pueda utilizarse para el cambio de unidades de transporte público que sean eléctricas, modernas y accesibles?

-¿Cuáles otras fuentes de financiamiento existen que contemplen su implementación en materia de cambio climático y descarbonización?

“Es fundamental que el país tome acciones concretas en términos financieros, técnicos y operativos para el cambio de las unidades de autobús, que sean eléctricas en cumplimiento a la Ley 9518, que sean accesibles a la población con discapacidad en cumplimiento a la Ley 7600, y que permitan la intermodalidad ciclista en cumplimiento a la Ley 9660″, sentenciaron.