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Los diputados se mandaron como los grandes este lunes y con contundencia. Treinta y nueve de ellos, uno más de los necesarios para la mayoría calificada, aprobaron la Ley de Empleo Público, reforma trascendental para las finanzas del maltratado país.
Con esa cantidad de votos no quedó ningún tipo de duda constitucional. Aplausos.
De esa forma atendieron el clamor de una amplia mayoría de ciudadanos. Según la encuesta del CIEP, de la UCR, publicada en setiembre, tres cuartas partes de los ticos apoyaba la ley.
El mérito de los diputados es grande, pero sería injusto dejar de aplaudir el esfuerzo del gobierno del presidente Carlos Alvarado, en especial del mandatario mismo y de su ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Con extraordinaria valentía cumplieron la promesa lanzada en el 2018, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si no cumplieron antes, se debe a la cantidad de piedras puestas en su camino.
El país y el empleo público serán mejores. ¿Y por qué?
De primera entrada porque el país ahorrará ¢394.000 millones al año al eliminar el modelo de pluses, complementos salariales que se agregan al salario base de los trabajadores, que además de disparar el gasto han hecho que trabajadores de distintas instituciones, que desempeñan exactamente las mismas tareas, tengan grandes diferencias salariales.
Se aplicará el principio de “igual trabajo, igual salario”. Ahora el salario global regirá para todo el sector público.
Se establece, además, como causal de despido inmediato para los trabajadores que saquen dos evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a una nota de 70. O sea, a bretear carajo.
