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Si hay algo que sobra en Costa Rica son leyes, y muchas quedan solo en el papel. Esperemos que este no sea al caso de la ley que prohíbe las huelgas en servicios esenciales, como la salud, que entró a regir en enero del 2020.
Sin embargo, ya la Caja se nos acartonó.
La nueva legislación establece que el patrono debe solicitar, en un plazo de 24 horas, al juzgado de trabajo, la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores.
También indica que no se debe pagar el tiempo no breteado.
Sin embargo, el 14 de julio pasado, 210 funcionarios de la Caja se unieron a una huelga contra la ley de empleo público. La paralización de 20 quirófanos obligó a reprogramar 35 cirugías.
Una semana antes, el 7 de julio, 130 huelguistas forzaron la suspensión de 21 cirugías en el Calderón Guardia. También obstaculizaron funciones en el de Niños y dos clínicas de Chepe.
La Caja contabilizó a los huelguistas pero “olvidó un pequeño” detalle, hacer lo que le manda la ley: solicitarles a jueces de trabajo que ordenaran la reincorporación de los funcionarios a sus tareas.
También “olvidó” solicitar el rebajo salarial por las horas no trabajadas.
Las pifias las reconoció Román Macaya, su presidente ejecutivo.
Hubo otro caso más. Una huelga de 46 trabajadores del Laboratorio de Soluciones Parenterales de la Caja afectó la producción del suero necesario para la vacunación contra el covid. Fue el 14 de julio y el asunto paró en nada.
A raíz de la nueva protesta de este jueves, los abogados de la Caja levantaron actas notariales para registrar la afectación en los hospitales Calderón Guardia, Niños, San Juan de Dios y algunas áreas de salud. Solo en el HNN se dejaron de hacer 20 operaciones de 26 programadas.
Veremos si esta vez toman la ley en serio, eso es esencial.
