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“Los periodistas reporteamos prácticamente a escondidas, como si fuéramos delincuentes. Especialmente los que están en el interior de Nicaragua. Y los que son visibles se autocensuran. Hay una gran autocensura en Nicaragua y el miedo es comprensible por la gran represión. Nadie quiere ir a una carcel”.
Estas declaraciones las dio el jueves pasado la periodista Lucía Pineda, tica-nicaragüense directora de 100% Noticias, y refugiada en nuestro país. Ella, quien estuvo seis meses encarcelada en el 2019 como parte de la represión a la prensa, participó en el foro El periodismo de América Latina: resistencia frente al acoso y la censura.
En contraste a lo dicho por Pineda, aquí a inicios de mayo sacábamos caja porque volvimos a ocupar un lugar muy destacado en la libertad de prensa y la libertad de expresión, según la clasificación hecha por la agrupación Reporteros sin fronteras. Estamos en el octavo lugar en el planeta y somos el único país de América Latina entre los primeros 25 puestos.
Reporteros sin fronteras dice: “La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados. El país (Costa Rica) es una excepción en América Latina, una región carcomida por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana contra la prensa”.
Aún no se había destapado que los pasados diputados, como zorritos, se fueron callados dejando aprobada en su última semana de labores la nueva Ley General de Acceso a la información pública y transparencia, que impedía que los medios de comunicación informaran sobre investigaciones por corrupción contra funcionarios públicos. La ley fue promovida por la exlegisladora de Nueva República, Carmen Chan.
El Colegio de Periodistas reaccionó: “los incisos d), g) y K) del artículo 8 atentan directamente contra la libertad de prensa, ya que limitan el acceso a la información, entorpeciendo así el ejercicio del periodismo investigativo y el trabajo que realizan los medios de comunicación y los periodistas profesionales”.
Afortunadamente el tiempo le alcanzó al ahora expresidente Carlos Alvarado para frenarla.
Y ahora surge un nuevo capítulo en esta campaña contra el derecho de los ticos a ser informados sobre lo que hacen los funcionarios públicos, a quienes se les paga el salario con nuestros impuestos.
Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho de Casa Presidencial, les ordenó este martes a los directores de Comunicación de las instituciones públicas entorpecer la información pública. “No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, les dijo a los funcionarios reunidos en el auditorio de Casa Presidencial.
La denuncia la hicieron varios periodistas que solicitaron la protección de sus identidades. También se pidió restringir el contacto de los jerarcas públicos con los periodistas y solo permitir en las conferencias de prensa una pregunta por medio de comunicación, sin derecho a la repregunta.
“Era (la reunión) para darnos línea de comunicación: los medios son nuestro enemigo; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”, dijo Rodríguez Vives según denunció una de las personas que estuvo en la reunión. Denuncias que ahora desde Zapote pretenden enredar.
Hasta ahí, como diría Gorgojo.
