Nacional

OPINIÓN: Ley desconectada de la realidad impide internet gratis a miles de estudiantes humildes

Las desventajas sociales y económicas frenan la recuperación del tiempo perdido en las aulas por la pandemia y las huelgas del 2018 y el 2019.

EscucharEscuchar
A pesar de la gran tarea del MEP por hacer la lista de hogares con escolares o colegiales sin Internet, el esfuerzo pegó con pared.

Las 147.000 familias de los 215.000 estudiantes de escasos recursos urgidos de tener Internet pueden estar tranquilas. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resguarda su privacidad al punto de imposibilitar su localización para brindarles un servicio de Internet gratuito, indispensable para limitar el daño sufrido por la educación pública en el año de pandemia.

El MEP recabó los teléfonos de las familias necesitadas mediante un censo. Los entrevistados proporcionaron sus números sin presión alguna, pero en este país exigimos estricto apego a los trámites y, lamentablemente, el MEP falló.

Pidió el “consentimiento informado” para utilizar los datos, pero no para trasladarlos a otras entidades. En consecuencia, no puede transferir los números —definidos por ley como información sensible— al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) administrado por el IMAS. Sin los números de teléfono ya recogidos por el Estado, la institución encargada de combatir la pobreza no puede localizar a las 147.000 familias para instalarles Internet.

El daño, en la mayoría de los casos, será irreparable. Las desventajas sociales y económicas obstaculizarán la recuperación del tiempo perdido, no solo por la pandemia, sino también por las huelgas del 2018 y el 2019. Ofrecerles medios para limitar el perjuicio y recuperar a tantos cuantos sea posible es una altísima prioridad. No obstante, lo impide el supremo valor del “consentimiento informado”, en cuyo altar estamos dispuestos a sacrificar la educación de 215.000 estudiantes.

Buena parte de las familias no saben en qué consiste ese consentimiento y ofreció su número al MEP sin reparos, con la expectativa de recibir apoyo estatal. La inmensa mayoría, es seguro decirlo, enfurecería si supiera que la educación de sus hijos sufre porque un Congreso incapaz de imaginar las consecuencias redactó una ley que no puede guiarse por el moderno análisis de datos. La normativa previó una burocracia para aplicar su letra sin mayores cuestionamientos, con poca sensibilidad y muchos desaciertos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.