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La reforma del empleo público es vital para enfrentar la falta de plata que tiene el gobierno, y la Sala Cuarta ha dado en el clavo con esa urgencia al traerse abajo abusos enfermizos en un país empobrecido.
Ejemplos: Los funcionarios de Japdeva tenían derecho, por convención colectiva, a recibir una indemnización cuando se les bajaran las horas extras. Si había necesidad de trabajar más allá de la jornada ordinaria, se les compensaba el esfuerzo adicional y, si no, se les premiaba por no exigirles ese esfuerzo.
Pero había más: cuando un empleado disfrutaba de permiso con goce de salario, también le pagaban las horas que habría laborado si hubiera estado en su puesto.
Otro detallazo para explicar por qué Japdeva está hundida, y por qué urge una ley de empleo público, es la fiesta con las jubilaciones. Los empleados mayores de 55 años, con 20 años de trabajo ininterrumpido, podían acogerse a la pensión si “creían tener un padecimiento o incapacidad física o mental”. Y todos los funcionarios tenían derecho a dos días pagados si un hijo se casaba.
Las bodas también se festejaban bonito en el Banco Popular, con un regalo para el empleado de ¢100.000. La misma cantidad recibían por el nacimiento de un hijo. La convención del Popular fijaba en 20 años el tope de la cesantía, aunque en el 2018 la Sala declaró ilegales los pagos de más de 12 años.
Tanto en el Popular como en Japdeva, los funcionarios tenían derecho a cobrar los 20 años de cesantía cuando renunciaban, y no solo en caso de despido con responsabilidad patronal, como sucede con los trabajadores privados quienes, al final, son los que pagan con sus impuestos esos abusos.
La ley de empleo público debe frenar esa alcahuetería.
