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La brecha entre los salarios del sector público y los del sector privado alcanzó su mayor amplitud en julio pasado. En general, los empleados estatales reciben remuneraciones muy superiores a las de sus pares en el sector privado. Esos ingresos no se explican por los requerimientos de preparación y experiencia en uno u otro campo, sino por la acumulación de beneficios en las instituciones con el paso del tiempo. El costo de esas ventajas, para mayor ironía, corre en buena parte por cuenta de los trabajadores de las empresas privadas. Es decir, los trabajadores del sector privado, con sus impuestos pagan los mejores salarios que tienen los funcionarios del sector público.
El sueldo mensual promedio de un trabajador del sector público se situó en ¢1,2 millones, superando notablemente el de sus similares privados, que ronda los ¢560.000, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, dentro del propio sector público existen diferencias notables, según se trate de funcionarios del Gobierno Central o de entidades autónomas, como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros, la Refinadora Costarricense de Petróleo y los bancos estatales, entre otros.
El ICE, Recope (que no refina nada), INS y el BCR, BN y el Popular por tener “ingresos propios” y no depender del presupuesto nacional, gozan de más espacio de maniobra para conceder excesivas ventajas a su personal y, muchas veces, los administradores también se ven beneficiados.
Para cualquier costarricense resultará obvia la distancia entre los salarios y beneficios en el sector público y la productividad, donde casi siempre los trabajadores del sector privado son más productivos y, las cosas dichas como son, bretean más.
Los cuantiosos salarios en las instituciones públicas obedecen a prácticas indebidas, como las convenciones colectivas que de tiempo en tiempo agregan al salario una serie de pluses capaces de duplicar el monto del salario base. La creatividad para inventar pagos extraordinarios (anualidad, dedicación exclusiva, prohibición, disponibilidad, grado académico, etc.) y otros beneficios extrasalariales es enorme.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó unos doscientos pluses en el sector público costarricense y, también, el efecto de la enorme diferencia entre los salarios estatales y los del sector privado.
Los desequilibrios señalados refuerzan la necesidad de aprobar una ley de empleo público para poner orden e introducir eficiencia y justicia en esta materia.
