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“Al final, termine con ¢10 millones, ¢20 millones o ¢50 millones, ese monto que acumulé de activo mío, que yo ahorré y que, además, fue alimentado con rendimientos, es el que se reduciría en un 9,63%. Quiere decir que si yo iba a tener ¢100 millones, voy a tener un 9,63% menos, voy a tener ¢90 y algo de millones”.
Con total claridad explica doña Rocío Aguilar Rocío, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) , el proyecto presentado por Hacienda, el cual eliminaría la exoneración fiscal que tienen los ganancias del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), las pensiones voluntarias y el FCL.
Aguilar advirtió que las pensiones del ROP se reducirían en casi un 10% si los diputados aprueban el impuesto del 7,5% que el gobierno propuso para recaudar unos ¢62.000 millones por el faltante de plata.
“El impacto más grande lo sufriría el ROP, porque el mayor porcentaje de lo que el trabajador acumula durante su tiempo de afiliado viene de los rendimientos, y lo que se estaría gravando son esos rendimientos”, expuso Aguilar.
Y es que como siempre ocurre, lo más fácil es darle por la jupa a los trabajadores, quitándoles parte de la plata que a lo largo de toda su vida laboral han podido ahorrar. Es más fácil eso que volver los ojos a las 20 más grandes cooperativas con ingresos mayores a los ¢50.000 millones al año, y meterles el impuesto de la renta, el cual nunca han pagado.
Hay una cooperativa tan, pero tan lechera, que es intocable y eso que prácticamente no tiene competencia. Hacienda tendría una gran respiro si le cobra, pero los diputados liberacionistas se oponen, el gobierno baja la cabeza y los trabajadores a lactar.
