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Aparte del reconocimiento a la Caja en esta desgastante guerra contra el covid-19, hoy también aplaudo que la institución aseguradora recetara, por primera vez, la nueva ley sobre huelgas, vigente desde enero de 2020, con el rebajo de ¢29,3 millones a 1.152 trabajadores apuntados en tres huelgas contra el proyecto de ley para regular el empleo público en el 2021.
Los asegurados sufrieron por la suspensión de más de 70 cirugías, servicios de lavandería, nutrición, limpieza y laboratorios. El 14 de julio los trabajadores del Laboratorio de Soluciones Parenterales pararon la producción del suero necesario para la vacunación contra el covid.
Y con la salud no se juega.
Con la histórica y ejemplarizante decisión, la Caja recuperó ¢3,8 millones pagados a 113 trabajadores que se sumaron a la protesta del 7 de julio; ¢6,3 millones a los 232 huelguistas del 14 de julio y ¢19,2 a los 807 que se lanzaron a las calles el 19 de agosto. Algunos sintieron disminuciones de hasta ¢142.000 por un solo día no breteado.
Por fin la institución estrenó la Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, la cual prohíbe los paros en servicios esenciales y ordena el rebajo salarial por el tiempo no breteado.
Lástima que el MEP, institución carne molida, porque solo para tortas sirve, en esta área también está en deuda y no rebajó ni una teja a más de 1.600 educadores que protestaron en mayo pasado.
Vísperas de iniciar un nuevo curso lectivo, con el enorme atraso de los estudiantes por la pandemia y largas huelgas, urge que el MEP, al igual que ya lo hizo la Caja, golpee por donde más duele: el bolsillo, y santo remedio.
