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La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) anunció, a mediados de enero, una importante reducción en las entregas del alcohol. Y no estamos hablando precisamente del Cacicazo.
Lo peor es que aún no hemos salido de la pandemia y el alcohol es vital para la fabricación de productos de higiene y limpieza, para alimentos y bebidas, cosméticos, medicamentos, agroquímicos, entre otros.
Esa es una razón para asegurar su abundancia a buen precio, no para justificar un monopolio estatal ineficiente y caro.
Por eso, distintos industriales se unieron para pedir al Poder Ejecutivo la solución del desabastecimiento anunciado. En juego está la existencia de muchas empresas.
El monopolio del alcohol sirvió en su momento para llenar las arcas del Estado, pero desde hace tiempo solo es útil para vaciarlas y comprometer la situación del Consejo Nacional de Producción (CNP). En solo cuatro años, dijo la contralora general de la República, Marta Acosta, las deudas de Fanal consumieron el 90% del patrimonio de la institución.
Los empresarios hacen dos peticiones de impecable lógica. Primero, reformar la ley para permitirles la compra directa de alcohol a los productores nacionales, es decir, eliminar la “injustificable” intermediación de Fanal, cuyo principal efecto es encarecer la producción.
La segunda petición es autorizar la importación de alcohol cuando exista desabastecimiento, como en la actualidad. El producto abunda en el mercado internacional a precios mucho mejores y no tiene sentido privar a la industria local de un insumo tan esencial. Tampoco tiene sentido, por supuesto, obligarla a pagar precios superiores.
El próxima gobierno, además de liberalizar la venta de alcohol, debe retomar la idea de vender la Fábrica o quizá cerrarla
