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Los números hablan claro. En Costa Rica hay una gran cantidad de gente sin posibilidades de hacerse de una vivienda digna y acorde a sus necesidades. El faltante, incluyendo una vivienda regularcita y sin que la familia viva apelotada, alcanzó un 54,7%, según la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).
La Encuesta Nacional de Hogares 2020, del INEC, dice que 41,3% de las familias cuentan con una vivienda en estado regular o malo.
Y debemos sumar que alrededor de un 30% de la población no tiene acceso a préstamos para comprar casa y según la Sugef, el 22% de los ticos no tienen capacidad de pago.
En dos platos, tener casita es un lujo por lo caras que están o el elevado costo de construir.
De allí que la idea del presidente Carlos Alvarado es oportuna. Pretende fundir el INVU, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Ministerio de Vivienda.
Esta es una de las más lógicas transformaciones en el Estado costarricense, pero falta quien ponga el huevo por encima de trabas burocráticas y otros intereses.
Si se lograra reestructurar las instituciones dedicadas al desarrollo de vivienda, la ganancia no sería exclusiva del sector. La reforma sentaría un precedente y abriría una ruta para modificaciones urgentes en otros ámbitos del Estado.
En tiempos de estrechez fiscal, cuando se piensa en lo que el país podría lograr si gasta los mismos recursos con menos desperdicio, la idea es tentadora.
Es difícil argumentar contra la posibilidad de ofrecer más vivienda mediante la reducción del desperdicio. Los partidos políticos deberían tomar la palabra al mandatario y apuntarse en el esfuerzo de dejar la reforma encaminada.
