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La bendición de la Sala IV al proyecto de ley que establece el salario único, según el puesto de cada funcionario público, es un buen paso para ir arreglando el desastre de gastos excesivos del Estado, creados por políticos irresponsables a quienes por cálculos electorales les ha importado un pepino la crisis que nos asfixia a todos.
Para muestra un solo botón. A fines de los años noventa, el gobierno no pudo hacer frente a un aumento salarial a los funcionarios públicos y ofreció arreglar la torta con un salario adicional al año. Desde entonces, paga el salario escolar, un segundo aguinaldo exclusivo del sector público.
El propósito, se dijo, es ayudar a los tatas con el gasto por la entrada a clases aunque no tengan hijos en la escuela o en el cole. Desde entonces reciben el decimocuarto salario.
Tampoco fue cierto, como se dijo para ganar apoyo, que el beneficio sería para todos los trabajadores. Los del sector privado salados.
Además, en el 2008 la Asamblea Legislativa estableció que es el único ingreso salarial libre del impuesto de la renta a partir de los ¢842.000 mensuales. Es decir, los diputados les quitaron esa carga a los empleados públicos mejor pagados.
El país no puede seguir por ese camino, no importa si las súplicas surgen de grupos de presión del sector público o, más bien, nacen del privado.
Los magistrados de la Sala Cuarta determinaron que el proyecto de empleo público tampoco va en contra de la Constitución al establecer un tope a los salarios públicos, lo cual, frenaría el crecimiento de pluses y aumentos salariales descontrolados.
Hay una lucecita al final del túnel.
