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Rajamos ante el mundo de nuestra democracia, de nuestra libertad y sobre todo de la fiesta cívica de cada cuatro años cuando vamos a las urnas a escoger el presidente de la República. Estamos a pocos días una nueva oportunidad, el domingo 6 de febrero.
Todo este marco cívico exige que la Fiscalía General realice una investigación intensa (la cual ya abrió) sobre el golpe de Estado que, según describió el diputado y expresidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, se fraguó durante los bloqueos del 2020 en contra del mandatario Carlos Alvarado.
Eduardo Cruickshank, hoy como candidato presidencial por Restauración Nacional, y responsable de destapar el tamal en su libro “Historia de una presidencia”, sobre presidencia legislativa, mayo 2020 a abril 202 tiene la obligación de dejarse de paños tibios y decir las cosas como son.
Desde que ocurrieron los hechos debió denunciarlo.
“La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente, Carlos Alvarado, y, por completo, a su equipo de gobierno, para que la conducción del país recayera, de acuerdo con la Constitución Política, en el presidente de la Asamblea Legislativa (o sea él)”, escribió.
¿Cómo es posible que no advirtiera a las autoridades de propósitos tan nefastos? “No hice ninguna denuncia porque, para mí, eso era inaceptable. Entonces, no consideré necesario hacer ningún tipo de denuncia al respecto. Yo no puedo decir el nivel de seriedad; eso yo no lo puedo valorar. Simplemente, distintos manifestantes me hicieron esa propuesta”, dijo a La Nación.
Extraña y débil la explicación de un expresidente del primer Poder de la República y de quien le pide su voto para gobernar el país.
