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Las 30 visitas a la Asamblea Legislativa de los sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero demuestran la cuestionable práctica de muchos diputados de inmiscuirse en iniciativas privadas, ajenas a su cargo, con el pretexto de promover proyectos de beneficio para sus regiones.
No obstante, Óscar Cascante, del PUSC, la sacó del estadio y llevó al extremo su relación con la opulenta organización, sospechosa de invertir unos $20 millones producto del narco, según el OIJ. El legislador recibió, cuando menos, 13 de la treintena de visitas y acompañó a los ahora investigados en varias gestiones ante entidades gubernamentales.
Los proyectos promovidos con el apoyo de Cascante no se limitan a Puntarenas, la región representada por él, ni son exclusivamente asuntos de vivienda. El porteño organizó citas entre los ahora detenidos, el director de Banca para el Desarrollo Social del Popular, el asesor de la gerencia general, y también les había conseguido a los sospechosos una reunión con el gerente general del Banhvi, Dagoberto Hidalgo, a quien expusieron al menos tres proyectos de vivienda.
Pero también abogó, de forma muy intensa, por la construcción de un hotel valorado en $12 millones en Limón, nada que ver con Puntarenas. Presionó ante el ICT, la pulseó con el presidente Carlos Alvarado y al pegar con pared hasta se moletó.
La multiplicidad de gestiones emprendidas por el diputado, la diversa naturaleza de los proyectos, su ubicación geográfica, su insistencia y la cantidad de visitas recibidas exigen una investigación a fondo.
El PUSC, responsable de llevarlo a la curul, y en general la Asamblea Legislativa han estado en puros paños tibios...
