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“El panorama costarricense de los medios de comunicación es muy diverso. Varios medios tienen cobertura nacional y la prensa regional y local es variada: económica, estatal, cultural, religiosa, universitaria… Los periodistas pueden ejercer el oficio sin obstáculos y trabajan dentro de un sólido marco jurídico en términos de libertad de expresión”.
Este párrafo es del informe hecho por Reporteros sin fronteras que publicamos, sacando caja, en en la edición de La Teja de este miércoles.
Nuestro país vuelve a ocupar un lugar muy destacado en la libertad de prensa y la libertad de expresión, aunque bajó tres puestos en el informe del 2022 sobre estos derechos.
Ocupamos el octavo lugar en el planeta y somos el único país de América Latina entre los primeros 25 puestos.
Pero en medio de esa satisfacción no sabíamos que la Asamblea Legislativa, que recientemente jaló, nos metió un vergonzoso golazo de campeonato mundial.
Antitos de dejar sus curules, los diputados aprobaron una ley que impediría a los periodistas y medios de comunicación informar sobre investigaciones judiciales como el Caso Cochinilla o la Operación Diamante, por solo citar dos casos del montón que históricamente nos han sacudido.
Los artículos que meten el soberano golpe para que a usted, como lector, no se le informe sobre esos chorizos, los escondieron en la ley que garantiza el acceso a la información pública en 48 horas.
El diputado Eliécer Feinzaig y el Colegio de Periodistas (Colper) solicitaron al presidente Alvarado frenar esa barbaridad. Ojalá los escuche y deje su puesto, el próximo domingo, poniéndose una flor el ojal porque de chorizos estamos empachados.
