EscucharEl vicepresidente de la República, Stephan Brunner, fue convocado por la Comisión de Ingreso y Gasto Público para dar explicaciones sobre el seguro que quiere contratar el Gobierno para hacer frente a las tortas que podrían cometer el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete, un tema que él puso sobre la mesa.
El jerarca tuvo que enfrentar cuestionamientos por parte de los legisladores, pero trató de defender la póliza, que la Contraloría General de la República dijo que era ilegal, con una experiencia que tuvo.
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“Desde la Comisión para Promover la Competencia, una empresa que sancionamos se dio media vuelta y nos denunció a todos nosotros, lo hizo antes de emitir el voto, ellos presionaron y nos advirtieron que nos iban a demandar y que eso iba a tener repercusiones en nuestro patrimonio personal”, contó Brunner.
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Él dijo que en esa ocasión la empresa actuó de esa manera para presionar a la Comisión y que por eso la póliza es “necesaria” y “justa”. El vicepresidente dijo que por esa demanda tuvo que pagar $18 mil (unos ¢9.200.000) en abogados y al final salió bien librado.
El primero en hacer preguntas fue el diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien consultó por un supuesto criterio de la Procuraduría que, según Brunner, autoriza la contratación de la póliza.
Brunner dice que en un documento emitido el 5 de febrero de este año se detalla que el Gobierno “contratará todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades”; sin embargo, quedó claro que nunca se hizo la consulta específica por el seguro que está intentando contratar el Poder Ejecutivo, que sería pagado con fondos públicos.
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El vicepresidente dijo que en un principio el presidente Rodrigo Chaves no estaba de acuerdo, pero ya después sí, lo mismo pasó con los ministros.
La diputada Monserrat Ruiz, también de Liberación Nacional, dijo que para ella no hay una justificación legal para que se contrate la póliza y que por eso se está tratando de contratar directamente con el Poder Ejecutivo y no por medio de un proyecto de ley, que es como ella cree que debería de hacerse.
El vicepresidente no sabe de dónde salieron algunos términos
La diputada independiente Kattia Cambronero cuestionó a Brunner sobre por qué la póliza, además del pago de los abogados, también incluye gastos de extradición, fianzas, atención de crisis y hasta gastos para relaciones públicas y proteger la reputación de los asegurados, entre otras cosas.
Ante esto, Brunner dijo que no tenía idea de dónde habían salido gastos, como por ejemplo el de extradición y que eso debía consultarse con la jerarca del INS, que sería la institución que brindaría el seguro.
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El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, le consultó a Brunner cuánta plata saldría de su bolsa si se llega a aprobar la póliza, y este respondió que “cero”. Entonces el legislador dijo que ese era el problema y que si el gabinete quería contratar una, cada quien tenía que pagarla con su plata, tal y como lo señala la ley.
Si se contrata la póliza, Hacienda deberá pagará ¢248.391.706 anualmente. El límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.
Los expertos aseguran que es ilegal que se pague una póliza de este tipo con fondos públicos. La ley es muy clara y especifica que “sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos, deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio (plata), en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios”.
