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La diputada Kattia Cambronero Aguiluz está indignada por todo lo que ha salido a la luz sobre la empresa Racsa y su participación en la contratación de escáneres.
El periódico La Nación dio a conocer que el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) Braulio Venegas Dijeres, quien debió renunciar al cargo por su supuesta relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona, fue la persona que habría enlazado a Racsa con el representante de la empresa que se convirtió en su socio estratégico, para ofrecer el negocio de los escáneres antidrogas mediante un proceso de contratación declarado confidencial.
Ante esas informaciones, la legisladora del Partido Liberal Progresista presentó el proyecto de ley “Cierre de Radiográfica Costarricense (Racsa)”.
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“Este proyecto nace a raíz de la necesidad que tiene el país de optimizar sus recursos en instituciones sólidas, eficientes y transparentes. La empresa Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa SA.), parte del Grupo ICE, no solo carece de una estrategia clara y coherente para superar sus desafíos financieros y de competitividad en el mercado sino que a lo largo de distintas administraciones se ha visto envuelta en graves cuestionamientos por su participación en proyectos ajenos a su razón de ser”, detalló la legisladora.
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La legisladora agregó que en un informe emitido por la Contraloría General de la República el 6 de julio del 2022, se dieron a conocer una serie de debilidades en la planificación institucional a mediano y largo plazo respecto a la gestión financiera de la empresa, además, se descubrió que Racsa carece de mecanismos de control para la obtención de financiamiento externo.
Más recientemente la Contraloría encontró excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación a los que calificó como “yerros graves” relacionados con la forma en la que Racsa participó en la operación de para dotar de escáneres detectores de drogas a puertos y fronteras.
El Ministerio Público tiene bajo su análisis denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de contrataciones públicas por medio de Racsa. Más de 40 contrataciones directas en las que Radiográfica subcontrató a otras empresas sin un debido procedimiento. Desde febrero del año pasado, esa institución tampoco cuenta con la figura de auditor interno, fundamental para realizar investigaciones administrativas a lo interno de la institución.
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“Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada, haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción. Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país. Por eso, ya es hora de cerrar lo que no funciona y liquidar a estas instituciones que no son para nada transparentes”, argumentó la diputada.
El proyecto concede un término máximo de seis meses, a partir su promulgación, para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), consulta previa a la Superintendencia de Telecomunicaciones, prepare el procedimiento de liquidación de Racsa y las diligencias necesarias para la correcta administración de todo su patrimonio.
