EscucharEl OIJ reveló detalles de los archivos que fueron borrados por un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el caso de Marta Esquivel y el supuesto chanchullo con los ebáis y aclaró que las cosas no se van a quedar así.
La institución recordó que el lunes 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Penal de Hacienda, a partir de las 7 a. m., inició con el allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Caja, en el cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso Barrenador.
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“Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa, esto en la mañana del 23 de setiembre.
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“El martes 24 de setiembre, a las 9 a. m., se ve en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez en contra, y se presume que aprovechó ese momento para borrar cuatro correos. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma Caja, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago”, especificó el OIJ.
Las autoridades se dieron cuenta de lo ocurrido el 25 de setiembre a eso de las 8:30 a. m., dos días después de iniciados los allanamientos.
El perito de la Sección Especializada de Cibercrimen informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los hombres), generó errores en la sincronización de archivos y al revisar la bitácora se observó que había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
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“Al revisar lo sucedido, se determina que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones, ya que regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas”, detalló el OIJ.
“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba, como ya sucedió lamentablemente en este caso”, agregó el OIJ.
Los agentes judiciales van a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos y en caso de no contar con la tecnología disponible (debido a las carencias informáticas que ya se han informado en reiteradas ocasiones por falta de recursos) se solicitará asistencia internacional para que no queden impunes este tipo de situaciones.
