El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, está metido en una nueva bronca.
Siete diputados lo denunciaron por un aparente recorte de ¢62.000 millones en los recursos que, por ley, el gobierno debe pasar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para financiar las ayudas sociales.
La denuncia fue planteada ante la Contraloría General de la República (CGR). Los legisladores piensan que hay un “desmantelamiento de la inversión social”.
El documento enviado a la Contraloría lo firmaron Montserrat Ruiz, Óscar Izquierdo, Alejandra Larios, José Francisco Nicolás y Gilberth Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional, junto con Kattia Cambronero Aguiluz y Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista.
Los legisladores dicen que una reforma a la ley del Fodesaf, introducida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, estableció que la transferencia anual para ese fondo no puede ser inferior a la fijada en el presupuesto nacional del 2019.
Según los legisladores, el aporte del 2024 es de ¢193.452 millones, menos de los ¢255.583 millones del 2019.
Los diputados piden a la Contraloría investigar las acciones del Ministerio de Hacienda y el ministro Acosta, para determinar si hay responsabilidades administrativas o penales al respecto.
Ellos piensan que al recortar el presupuesto del Fodesaf, el ministro Acosta viola el principio de legalidad y, por ende, sus obligaciones como funcionario.