EscucharEl país vive la crisis de violencia más terrible de su historia. Según datos del OIJ, al 6 de noviembre se contabilizan 742 homicidios.
En respuesta a esta situación y como parte de un intento para colaborar con la Policía Judicial, los diputados liberacionistas Francisco Nicolás y Gilberth Jiménez presentaron un proyecto de ley que busca establecer un fideicomiso de financiamiento dedicado a fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público.
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El fideicomiso tiene como propósito asegurar una fuente estable de recursos para modernizar el equipamiento, tecnología e infraestructura de estas instituciones, lo que les permita responder de manera efectiva a la delincuencia organizada y a otros delitos que afectan a miles de costarricenses.
En 2023, se registró la tasa de homicidios más alta en la historia del país, con 907 casos.
Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad urgente de dotar a las instituciones de seguridad con los recursos y capacidades necesarias para hacer frente a estas amenazas de manera rápida y eficiente.
El proyecto de ley impulsado por los diputados Jiménez y Nicolás busca responder a esta necesidad.
¿De dónde saldría la plata?
El fideicomiso estaría financiado a través de un 2% de las primas de seguros en el país, distribuyéndose de forma equitativa entre el OIJ y el Ministerio Público, es decir, un 1% para cada uno.
Este modelo permitiría que ambas instituciones dispongan de recursos específicos y continuos para invertir en áreas críticas como la compra de tecnología avanzada en investigación forense, herramientas de inteligencia artificial, equipos de análisis de datos y la modernización de infraestructura esencial.
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Con la aplicación del fideicomiso se espera cumplir los siguientes objetivos:
-Dotar al OIJ de tecnología avanzada en análisis forense, software de inteligencia de datos y equipos de vigilancia de alta precisión.
-Mejorar las instalaciones físicas y la capacidad operativa del OIJ y el Ministerio Público, incluyendo la ampliación de laboratorios de análisis y la creación de centros especializados en ciberseguridad.
-Asignar recursos que permitan abordar de forma estratégica delitos graves como el narcotráfico, el crimen organizado y los cibercrímenes, adaptándose a la evolución de las amenazas criminales.
-Incrementar los recursos para el seguimiento de casos y persecución penal, permitiendo una acción más rápida y precisa en la resolución de casos complejos.
El proyecto de ley también declara el fideicomiso como de interés público, con el fin de garantizar una administración transparente y prioritaria de los fondos.
Bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, se establecerán estrictos controles para asegurar que los recursos se utilicen exclusivamente en los fines propuestos, beneficiando de manera directa a la ciudadanía mediante la reducción de los índices de criminalidad y el fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial.
