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El abogado Alberto Víquez está como agua pa’ chocolate, ya que todo parece indicar que en la Municipalidad de Naranjo no le impusieron ninguna sanción a un empleado que fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por supuestamente vender droga utilizando un carro oficial.
La captura del sujeto, quien trabaja en un puesto operativo, se dio el 19 de diciembre anterior y fue llevado a la Fiscalía de Grecia para ser indagado. Según informó el propio Ministerio Público en esa ocasión, el hombre, de apellidos Carranza Cabezas, es sospechoso de los delitos de venta de droga y peculado.
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El delito de peculado consiste en usar, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de esta, en este caso el vehículo de la municipalidad.
La Fiscalía detalló que, según la investigación de la Policía Judicial, presuntamente Carranza había estado usando un carro de la municipalidad para vender marihuana en las cercanías del INS de Naranjo y en el sector del cerro Espíritu Santo.
A Víquez le llegó el rumor de que pese a la detención del trabajador municipal y el proceso penal que se abrió en su contra, la muni de Naranjo no había tomado ninguna medida disciplinaria contra él, por lo que Carranza seguía trabajando como si nada, razón por la cual envió dos consultas.
La primera la envió a finales de mayo al departamento de Recursos Humanos y le contestaron el 2 de junio. Esa dependencia detalló que no tenía conocimiento sobre procesos internos en contra el funcionario que fue detenido: “no consta en los expedientes que resguarda esta oficina; sanciones a nivel administrativo”, se informó en el documento.
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Aún más indignado, el abogado envió otra consulta a ese departamento el 5 de junio en el que pidió que explicara por qué no se le había abierto una causa administrativa a Carranza.
El 8 de junio Recursos Humanos contestó lo siguiente:
“Esta dependencia no tiene conocimiento de la razón por la cual no se realizó investigación o proceso administrativo en este caso particular. Este es un tema que maneja directamente el Despacho del Alcalde con la oficina de Gestión Jurídica”.
La Teja consultó a la municipalidad si el hombre continúa trabajando en la institución y nos dijeron que sí.
“Al funcionario se le aplicó una suspensión de su contrato laboral en diciembre del 2022, poco después de que se dieron a conocer los hechos de su detención. La suspensión se amparó en la aplicación del artículo 78 del Código de Trabajo el cual indica que ‘es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los tres días siguientes a aquel en que comenzó su arresto o prisión; y reanudar su trabajo dentro de los dos días siguientes a aquél en que cesaron dichas circunstancias’. Una vez que finalizó la condición de prisión preventiva el funcionario, en aplicación del principio constitucional de inocencia y la propia disposición del artículo mencionado, fue reintegrado a labores. Actualmente, en la Municipalidad se está analizando la figura legal para determinar lo que proceda a nivel administrativo”, explicó el municipio.
También enviamos un correo electrónico al departamento de prensa de la Fiscalía para saber cómo va el proceso penal contra Carranza y nos dijeron que pronto nos enviarán la información.
