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La vida en el módulo de pensiones de la cárcel Vilma Ceurling (Buen Pastor) no es fácil, si bien no son consideradas presas, están encerradas en una casa con tres cuartos, un baño y una pequeña sala-comedor sin poder hacer mucho durante el día.
La ley les impide mezclarse con la población de privadas de libertad para no exponerlas, y por eso, tampoco gozan de los privilegios de estudio y capacitación que tienen las presas.
Otra de las mujeres que pagan pensión y que conversó con La Teja fue Ana Gloria Rivera, de 44 años y vecina de San José.
En su caso la que le puso la pensión fue su hermana, ella es la que se hace cargo de su hija de siete años, pero Ana reconoce que no estuvo cumpliendo con los pagos de 85 mil colones de pensión y por eso ella debió ponerle la orden de apremio.
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Ana entró a descontar su deuda a la cárcel el 29 de enero y salió el 22 de abril, en menos de un mes, fue nuevamente detenida y está ahí desde el 18 de mayo a la fecha.
“Yo trabajo vendiendo chupas y cigarros en la calle, a veces me gano algo y a veces no, por eso es complicado juntar el monto para pagar”, explicó doña Ana.
Ella también le pide a los diputados ayuda para analizar el proyecto de ley 21.540 y darles una solución a los cientos de hombres y mujeres que atraviesan una situación como la de ellas.
“No tenemos muchas posibilidades de generar los recursos y sería excelente poder capacitarnos. Las que salimos lo hacemos a manos limpias, así nos ayudarían”, agregó doña Ana.
Esta mujer alerta también sobre la medida que las deja solas y encerradas después de las seis de la tarde.
“Todas las privadas de libertad tienen una custodia a cargo en todo momento, pero a nosotras después de las seis nos dejan solas y si hay una emergencia como un incendio o terremoto, estamos expuestas sin poder salir”, explicó.
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