Representantes del Gobierno interpusieron una denuncia penal este jueves en la mañana contra líderes del movimiento que bloqueó vías del país y efectuó actos de vandalismo.
La denuncia está interpuesta contra José Miguel Corrales y Célimo Guido y fue firmada por los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto; de Seguridad Pública, Michael Soto y la ministra de Justicia, Fiorella Salazar.
La acusación asegura que dichos dirigentes incitaron a la ciudadanía a bloquear calles.
Estos bloqueos provocaron que manifestantes obstruyeran las rutas principales, lo cual causó daño a los servicios públicos y desencadenó actos violentos y vandálicos.
La denuncia asegura que a pesar de que el Poder Ejecutivo no avanzó con la propuesta al FMI e hizo un llamado al diálogo con representantes de diversos sectores, la acción fue rechazada por estos representantes, quienes insistieron en instigar públicamente a la ciudadanía para mantener los bloqueos sin condenar los actos de violencia y delincuencia organizada desarrollados dentro del movimiento creado por ellos.
La denuncia agrega: “a pesar de que uno de los creadores e instigadores públicos, el señor José Miguel Corrales, al reconocer que el crimen organizado se infiltró en el movimiento creado por él y Célimo Guido, decidió apartarse del mismo, su colíder, el señor Guido Cruz, ha continuado arrogándose la representación del movimiento y demás sectores productivos y civiles”.
Los denunciantes apuntan que los acusados incidieron en los bloqueos y la violencia, al punto de que han validado actos de amotinamiento, atentado contra funcionarios públicos por medio de ataques con objetos contundentes y hasta incendios provocados con el fin de atentar contra la integridad de cuerpos policiales para que estos no cumplan con su función de resguardar el libre tránsito y la protección de la ciudadanía.
La denuncia señala también que tanto los líderes del movimiento como los demás sujetos --cuya identidad se ignora y se debe investigar-- serían responsables de delitos como asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión.
Todo eso, señalan, atenta contra la tranquilidad pública, poderes públicos, la autoridad pública y la seguridad común.
Casa Presidencial asegura que de todo lo anterior existe abundante prueba tanto en medios de comunicación, redes sociales, así como la que ha sido aportada junto con la denuncia presentada ante la Fiscalía General.
En Rescate Nacional informaron que sus dirigentes fueron citados este viernes en la Fiscalía Adjunta de Fraudes.