El ministro de Seguridad, Jorge Torres, aprovechó la invitación que le hicieron los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para pedirles que lo ayuden a acabar con las alcahueterías.

El jerarca asistió al Congreso en compañía de Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad; Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública de San José, y Hans Sequeira, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Los legisladores los convocaron para conversar sobre la creciente ola de violencia que vive el país, luego de que el 2022 cerrara con 639 homicidios, la cifra más alta en la historia de Costa Rica.

Ellos, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon para hacerle la carta al Niño y pedir plata y recursos para fortalecer los cuerpos policiales, ya que fueron muy claros en decir que no les alcanza el presupuesto.

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“Si ustedes me preguntan qué necesito yo como ministro siempre le voy a decir plata, más plata y más plata, si queremos solucionar esto a corto plazo, porque lo que necesitamos son policías en las calles y recurso móvil pues tenemos que mover gente (policías) de un lado para otro para dar seguridad en todo el país”, expresó.

Tanto Torres como Daniel Calderón y Marlon Cubillo fueron muy claros en decir que pasan peripecias cuando se daña una patrulla o hay que cambiarles un repuesto, porque no hay dinero para repararlas y hasta cuando tienen que comprar globos o materiales para hacer actividades preventivas para niños sufren por la falta de recursos.

Urge un cambio

Pero la falta de plata no es la única piedra en el zapato que tienen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública; también les incomodan mucho las alcahueterías, sobre todo cuando causan la pérdida de vidas.

“Todo lo que se refleja en la calle sobre la criminalidad lo enfocamos al policía y no es justo, porque los policías siempre están en la calle en la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. En el último femicidio de Parrita, por ejemplo, el sospechoso era una persona que había sido pasada por femicidio y ¿por qué estaba libre?

“En el caso del homicidio del muchacho de San José, en el que fuimos tan cuestionados, fue apuñalado un joven de bien y a los tres meses los sospechosos quedaron libres con una tobillera y yo me digo: ‘¿qué pasa con el control político del Poder Judicial? y ¿qué hago con esta gente?, ¿me los llevo para la casa?, ¿los encierro? Ya llegó el momento de denunciar que esto es como echar agua en un canasto.

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“Les llamo la atención a ustedes para que me colaboren, porque aquí algo está pasando. Pienso que este es un país muy garantista, necesitamos estar todos al mismo nivel viendo los índices de criminalidad que estamos viviendo en este momento. La mayoría de gente que está cometiendo homicidios está con antecedentes y ¿por qué están afuera con medidas cautelares cuando deberían estar encerrados? Hay delitos que no deberían tener una condición diferente, debería de cumplirse la pena completa”, manifestó.

Daniel Calderón les dio a los diputados un informe sobre las labores realizadas por la Fuerza Pública durante el año pasado y, entre los números, destacan 6.434 órdenes de captura ejecutadas; 2.095 armas de fuego decomisadas; 1.618 detenidos por delitos contra la vida (homicidio o tentativas de homicidio); 114 detenciones por homicidios; 8.009 armas blancas decomisadas; ¢290,5 millones decomisados; 297 casos de narcotráfico articulados por medio de labores de inteligencia y el decomiso de $997 mil.

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El diputado Jorge Rojas, del Partido Liberación Nacional, le preguntó a Torres cuánta plata necesita para cubrir todas las necesidades de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad y la petición fue bastante ambiciosa.

“Si ustedes quieren que yo me enfoque solo en la violencia, pues pido 2 mil policías más para empezar. Para levantar la flotilla yo le pediría $60 millones para poder combatir la violencia directa”, concluyó.