La exministra de Justicia y Paz Marcia González, fue presa de varios errores que la sentenciaron a renunciar al mando de esa institución que se encarga de administrar las cárceles del país.

Ella asumió el cargo el 8 de mayo del 2018; sin embargo, este viernes presentó su renuncia luego de que el 5 de febrero anterior, el medio digital Amelia Rueda diera a conocer que había cancelado de manera tardía el impuesto correspondiente a una casa de lujo ubicada en Pozos de Santa Ana.

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La propiedad está a nombre de la sociedad Bajo del Sopoa Grande que ella preside.

Este tributo especial lo deben pagar los chozones que superan los ¢133 millones, el de ella, según datos del Registro Nacional, está valorado en poco más de ¢142 millones. El monto que adeudaba era de ¢4.5 millones, correspondientes a los periodos que del 2016, 2017, 2018 y 2019 y que fueron cancelados entre el 9 y el 13 de enero de este año.

En este caso, quizá el error más grande que inclinó la balanza para que el veredicto estuviera en su contra, fue que al enviar las facturas de pago al medio citado, tapó las fechas en las que canceló esas obligaciones, pues no lo hizo durante los años que correspondía.

El jueves anterior, la ahora exjerarca, convocó a una conferencia de prensa en donde admitió que tuvo un atraso, además puso a disposición su puesto.

“Yo no vine a este puesto a mentirles a los costarricenses, ni mentirle a Hacienda, ni mentirle a nadie”, detalló un día antes de su renuncia.

Pero ese no fue el único pecado que condenó la administración de González, ya que también fue duramente criticada luego de que Viviana Bosa Chacón, una de sus viceministras, autorizara la salida de la cárcel de dos personas trans para participar en la marcha de la diversidad que se llevó a cabo el 23 de junio del año anterior en el centro de San José, a pesar de que había una recomendación para no hacerlo.

Durante esa conmemoración, también estuvo presente la exfuncionaria. Esta decisión valió para que en diciembre del 2019 el diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales, interpusiera una denuncia ante la Procuradoría de la Ética, pues a su criterio estas dos personas fueron sacadas ilegalmente de prisión.

Los problemas para González no acabaron ahí, ya que en setiembre del año anterior, algunas de las tobilleras electrónicas que portan privados de libertad, dejaron de funcionar.

Ante esto, la entonces ministra culpó a la tecnología diciendo que no era la más adecuada. Esto le generó críticas, especialmente de los diputados que conforman la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quienes cuestionaron el manejo que se le daba a esa herramienta desde ese ministerio.

Condena tardía

Erick Rodríguez, diputado independiente, aseguró que González debió renunciar en setiembre cuando algunas de las tobilleras dejaron de funcionar.

“Ella demostró mucha incompetencia en su cargo, quedó debiendo y me parece que no era la persona adecuada para ocupar el puesto porque quedó demostrado que llegó a hacer un desorden”, aseguró Rodríguez.

Por otra parte, la congresista verdiblanca Ana Karine Niño, afirmó que González fue sentenciada de la misma manera que políticos del PAC han condenado a otros funcionarios en administraciones anteriores.

“Hoy el PAC se desangra con el mismo cuchillo que afiló con otras personas. Lamentablemente este es un ejemplo de que no puede gobernar cuando no se tiene equipo”, destacó.

En relación a este tema, el mandatario Carlos Alvarado dijo durante una gira en Orotina que luego de conversar con González, aceptó su renuncia.

“No puede haber ninguna duda de nuestro compromiso absoluto por sanear las finanzas de este país para que pueda salir adelante”, comentó Alvarado.

Intentamos hablar con la exministra; sin embargo, no contestó ninguna de nuestras llamadas.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Paz, González rescató parte de su trabajo, como reducir el hacinamiento en cárceles con los dos mil nuevos espacios para reos en todo el país.

La baja de González es la décima en la administración Alvarado. De acuerdo con cifras del semanario El Financiero, desde 1978 el Ministerio de Justicia y Paz es el tercero que más jerarcas ha visto abandonar con un total de 12. Solo es superado por los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y Transportes con 14 cada uno.