El Ministerio de Hacienda reportó la mañana de este jueves un cambio en la metodología en la lucha contra la evasión fiscal que de acuerdo con las denuncias activas que ha hecho el erario público ante el Ministerio Público hay una evasión acumulada de ¢27.405 millones.
Según explicaron las autoridades hay otras tres denuncias que presentarán antes del 15 de febrero ante el Ministerio Público por otros ¢6.370 millones y de estas explicaron los métodos usados para lograr dicha evasión tributaria.
Uno de los casos corresponden a un banco privado costarricense que entre el 2008 y el 2015 envió $65 millones a una empresa hermana en Panamá que al pagar intereses a la entidad financiera crea un escudo fiscal a favor de la empresa tica y otros $65 millones a una empresa holding radicada también en el país vecino del sur con los que sus socios no pagaron impuestos de 15% por los dividendos percibidos de dichos montos.
A este se le denominó el Megacaso porque la defraudación al estado correspondería a ¢11.000 millones.
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El segundo caso es de una Sociedad Anónima dedicada a la venta de legumbres que en el 2018 reportó ingresos y gastos por ¢3.700 millones y cuando se le pidieron cuentas, puso resistencia a los controles de la Dirección General de Tributación y no presentó las facturas que comprobaran dichos gastos, se calcula que debió haber pagado un impuesto de ¢1.136 millones.
Y el último caso es el de una Sociedad Anónima inscrita para la venta de vehículos que en el 2018 reportó ¢7.700 millones de renta bruta, pero al analizar sus números, se descubrió que el 86% de sus ventas correspondían a la venta de celulares y no pudieron comprobar cómo los adquirieron y se determinó un impuesto determinado de ¢1.001 millones y ¢2.202 en impuesto general sobre la ventas.
Para evitar que estos casos se sigan presentando, o al menos detectarlos más rápidamente, se destinarán 15 inspectores a dar seguimiento a este tipo de investigaciones.
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Además, indicaron que mantendrán una relación más estrecha entre Hacienda y el Ministerio Público para dar seguimiento a los casos abiertos.
“La cárcel es donde deben estar los evasores, aunque se tarde veinte años”, aseguró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.