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En mayo del 2020, Costa Rica estaba a las puertas de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y muchos pegaron el grito al cielo, porque según ellos, estas uniones no iban a durar y que se trataba de una moda o bum mediático, pero a cuatro años de celebrarse el matrimonio igualitario, se ha demostrado que en este caso privó más el amor que la moda.
Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en Costa Rica se casaron 3.129 parejas homosexuales desde el 2020 a la fecha (a mediados de mayo) y en ese periodo de tiempo se divorciaron 52 parejas, 13 en promedio por año (no existe desglose por año).
Durante el primer año hubo 596 uniones; en el 2021 se celebraron 892 matrimonios, en el 2022 fueron 732; en el 2023 hubo 676 y en lo que llevamos del año 233. De la cantidad total de enlaces, 1.700 fueron de parejas conformadas por hombres y 1.429 por mujeres.
Otros datos facilitados por el TSE indican que en San José 1.442, en Alajuela hubo 473, en Heredia 357, en Cartago 210, en Puntarenas 190, en Guanacaste 152 y en Limón 69.
Además, 236 fueron bodas de extranjeros que vinieron a Tiquicia a sellar su amor.
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Era algo que urgía
La Teja conversó con una persona que contrajo nupcias con su pareja hace tres años y comentó que el matrimonio entre personas del mismo sexo era una urgencia, no era una cosa a lo loco. Este hombre pidió no ser identificado.
“Este es un proceso de lucha desde finales de los años 90, se logró no solamente como una tendencia de carácter mundial para demandar y adquirir derechos para parejas de personas del mismo sexo, sino que es parte de un cambio cultural y de acceder a la socidad en igualdad de condiciones, no que seamos vistos como ciudadanos de segunda clase.
“En nuestro caso, tuvimos una relación de diez años y en el 2024 cumpliremos cuatro años de casados. Si bien es cierto, la convivencia no es fácil, porque hay valores diferentes, un proceso de socialización diferente, te puedo decir que con el paso de los años hemos formado una relación muy linda, que no la cambio por nada y han sido años muy agradables, somos bien recibidos en la comunidad donde vivimos, y hemos pasado por momentos duros, pero los hemos resuelto”, destacó.
Lo que pasó. El 24 de noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”.
La Sala IV, en sentencia del 8 de agosto del 2018, en su voto 2018-012782, declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo contemplada en el Código de Familia.
Este miembro de la comunidad LGTBIQ salió al paso de quienes criticaron estas uniones, como parte del bum mediático, por la resolución de la CIDH y le envió un mensaje a personas que al día de hoy, desean frenar el avance en los derechos de esta población.
“Nosotros estudiamos, trabajamos, somos profesionales y estamos presentes en todas las áreas de la sociedad. Antes de que se comenzaran a formalizar los matrimonios, ya había muchas personas que vivían juntas, pero no estaban aseguradas y con este hito se garantizan derechos.
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“Las personas creen que somos un peligro para la sociedad, pero no es así. No promovemos la pedofilia, no somos ninguna amenaza y no es que la sociedad va a dejar de existir porque el planeta está sobrepoblado y somos una minoría que quiere respeto”, afirmó.
Lucha de todos los días
El abogado y activista Marco Castillo reconoció que los primeros matrimonios entre parejas del mismo sexo eran de personas que tenían años de convivir en unión libre y querían consolidar sus relaciones.
“He visto parejas de más de 30 años de relación, por ejemplo, y que estaban deseando casarse. Nadie se casa a los seis meses de conocer a alguien, muy pocas veces se hace y muchos también lo hicieron buscando reconocer los derechos de sus parejas, con respecto al acceso a servicios de salud, temas relacionados con herencias pensiones y hasta para asuntos laborales.
“Tal vez los números van a la baja en cantidad de matrimonios que se celebran por año, pero es que se modificó el Código de Familia, en su artículo 242 y por eso, las uniones libres ahora tienen validez legal, a partir de los dos años. Entonces, algunas personas quizás vieron que con este cambio, ya no es necesario casarse para gozar de esos derechos por los que han luchado”, afirmó.
Para Castillo, siguen las luchas en temas de salud, el reconocimiento de cambio de nombre de las personas trans y evitar la discriminación en los empleos.
“Muchas veces, una persona llega a una entrevista de trabajo y no le dan el empleo cuando ven que es una persona gay o lesbiana. Hay problemas con acceso a ciertos medicamentos y aquí se irrespetan los derechos de estas personas. Hay temas pendientes”, destacó.
