De manera unánime los 53 diputados presentes en el plenario aprobaron el informe elaborado por los legisladores anteriores sobre las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas para la atención de la emergencia por el covid -19.

Ahí se enumeraron una a una las graves fallas en las que incurrió la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) para la compra de 12 millones de mascarillas por un monto de $4 millones, por ejemplo que se le adjudicara el contrato a dos empresas que nunca en la vida habían vendido productos médicos.

La institución le compró las mascarillas a David Landergren Castro, contador público de 32 años, y MR Comunicaciones Políticas, una firma de la periodista Miren Martínez Ruiz dedicada a asesorías de relaciones públicas y mercadeo.

Además, ingresaron ofertas por medios no oficiales, se hicieron cambios de fábrica sin la documentación adecuada, se permitió que pese a los incumplimientos de contrato, se le diera otro contrato a la misma empresa y a dos años de esto, no se entregaron las mascarillas por las que se pagó y las que se entregaron, no eran de uso médico.

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“Resultado de la investigación del informe que se discutió, queda claro que hay una red de corrupción en donde los altos mandos muchas veces protegen y permiten que algunas personas sin escrúpulos tomen decisiones en detrimento de la institución pública, a costa de los usuarios y de los funcionarios que hacen bien su trabajo”, explicó la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén.

La frente amplista indicó que su fracción motivó a que se tomaran acciones concretas para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo, como hacer una ley para regular o eliminar las “puertas giratorias”.

“En Costa Rica, ‘las puertas giratorias’ (una persona que trabajó en alguna empresa proveedora de la institución y luego trabaja en la institución y toma decisiones sobre cuáles personas contratar, con un potencial conflicto de intereses) son permitidas”, aclaró Guillén.

Para la legisladora, los informes deben servir para tomar decisiones sobre lo que está sucediendo ya, para evitar que se repitan casos como el Cochinilla o mascarillas.

“En nuestra opinión falla la auditoría interna de la CCSS porque a pesar de observar que hay funcionarios de otras divisiones tomando decisiones e inmiscuyéndose en decisiones que no les corresponden, permitió que pasara al no hacer la advertencia a tiempo. Y falla toda la red de mando en donde hay una persona (Hans Vindas) que toma la decisión de elegir a dedo a oferentes que ya tienen historial de incumplimiento, sin presentar proforma física que se inscribe dos días antes en la Caja y que se dedicaba a la venta de chatarra”, agregó Sofía.

Incluso la economista de profesión se pregunta cómo se elige una empresa sin ningún tipo de historial de calidad en algo tan delicado.

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“Obviamente ahí hay una estructura de mando que está fallando e inclusive hasta la Contraloría General de la República (CGR) podría estar fallando, porque ese mismo contrato que menciono, dice el informe que el ente contralor lo avaló”, sentenció Guillén.

¿Y Román Macaya?

Al diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, le produce desilusión el hecho de que las compras en la Caja se hayan hecho de una manera tan descuidada.

“Entiendo que era una emergencia y había que hacer procedimientos más acelerados pero me produce mucha desazón que el informe no haya entrado a tratar de determinar responsabilidades políticas. Solo se piden acciones específicas contra tres personas, que son personal de planta de la CCSS (Luis Fernando Porras, Hans Vindas y se me olvida el tercero, y piden que la Fiscalía investigue”, dijo el legislador del PLP.

Feinzaig añade que Vindas no llegó hasta donde llegó solo, alguien lo puso con el apoyo de alguien más. ¿Dónde estaba la Presidencia Ejecutiva de la Caja? Sabiendo que don Hans en el pasado, ya había tenido cuestionamientos precisamente por favorecer a empresas de sus familiares en la compra de medicamentos, violentando todos los procesos de la contratación administrativa.

“A esa persona la ponen a asesorar en el proceso de compras de la pandemia, era necesario poner a una de una reputación intachable. Yo me pregunto dónde estaba don Román Macaya, ¿qué estaba haciendo. No se dio cuenta quién era Hans Vindas? Porque cualquier persona que estuviera en política y haya leído periódicos sabe quién es y en qué tortas se ha metido Vindas. Para mí ahí hay un fallo en la labor de vigilancia que tiene que ejercer un presidente ejecutivo”, dijo el liberal.

Feinzaig indicó que el nombre de don Román se menciona 89 veces en el informe y en las recomendaciones no se señala ni una.

El excandidato presidencial lamentó que se desperdiciaran así los fondos públicos, pero considera que ya debe pasarse la página en la Asamblea y que sean el ministerio Público, la Contraloría y la misma Caja los que sienten las responsabilidades que correspondan.

Por su parte, la diputada del Partido Nueva República, Gloria Navas, señala que el asunto es muy grave y para ella se habla de un delito contra la patria, contra todos los costarricenses.

A doña Gloria le duele en el alma que empresas como Comunicación Política, Metales Tosha y el señor David Landergreen, lograran ganar contratos brincándose, asegura, los procesos de licitación.

“Hablamos de corrupción total y grupal. Lo torcieron todo, lo pudrieron todo. Hablamos de que se raya en el crimen organizado. Irrespetaron la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Todo lo torcieron en contratos de millonarios”, asegura la diputada de Nueva República.