EscucharMarta Esquivel pasó todo este miércoles en los Tribunales de Goicoechea, en la audiencia de solicitud de medidas cautelares, pero tendrá que regresar este jueves.
La audiencia inició el martes, poco antes del mediodía, pero no ha terminado. En el primer día, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó medidas cautelares en contra de los ocho imputados, quienes conformaron la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre febrero del 2023 y julio del 2024.
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“En contra de los imputados, la Fiscalía requirió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de seis meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a once testigos del proceso.
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“Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo periodo. Tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad. Para la continuación de la audiencia se conocerán los alegatos de la defensa técnica de las ocho personas”, informó el Ministerio Público.
Este miércoles la audiencia se reanudó a las 8:30 a. m., se suspendió al mediodía para que los involucrados almorzaran y luego se retomó. A las 4:30 p. m., se volvió a suspender y será este jueves a las 8:30 a. m., cuando se vuelva a retomar.
En esta etapa de la audiencia, los abogados de Esquivel y los otros siete detenidos están dando sus alegatos ante las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
La Fiscalía les atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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Las autoridades judiciales indican que, al parecer, la Junta Directiva de la Caja se apropió de forma indebida del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 ebáis.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas”, detalló la Fiscalía.
