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Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y tres imputados más en el caso que investiga la adjudicación de 138 ebáis por parte de la Caja a algunas cooperativas, deberán de dejar sus cargos por seis meses.
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Así lo determinó el Juzgado Penal de Hacienda, a poco más de una semana de finalizada la audiencia contra los funcionarios, quienes fueron detenidos el 23 de setiembre y permanecieron una noche en las celdas del Organismo de Investigación Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José.
“El juzgado ordena la suspensión del cargo por el plazo de seis meses, a quienes se les investiga por el caso de la CCSS”, informó la Fiscalía Anticorrupción este jueves.
Además de la presidenta ejecutiva de la Caja, los otros funcionarios que deberán dejar el cargo son: Johnny Gómez y Zeirith Rojas Cerna, representantes patronales en la junta directiva; María Isabel Camareno, delegada de gobierno en la junta y María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina de la institución.
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La Fiscalía también resolvió que los imputados tienen prohibición de comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma o de conocer de cualquier situación laboral de los testigos. Además, tienen prohibición para conocer cualquier asunto relacionado con la licitación que se investiga.
Esta investigación, conocida como Caso Barrenador, se da por el aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud.
Guardan silencio. La Teja solicitó una posición de la Presidencia de la República acerca de la suspensión de Esquivel, sin embargo, al cierre de la nota no respondiero a la solicitud.
Reacciones
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, calificó como adecuada la medida establecida por las autoridades.
“Nos parece la medida más adecuada, en vista de que pueden intervenir dentro de la misma estructura para ocultar pruebas que son importantes para los delitos que se han planteado.
“Es un caso además muy grande, desenraíza en un montón de decisiones de junta directiva y todas ellas, me imagino que deben ser adecuadamente investigadas y nos parece que el daño que se le ha hecho a la CCSS es muy grande como para permitir que las mismas personas sigan tomando decisiones”.
La oficialista Pilar Cisneros lamentó la decisión del Juzgado Penal de Hacienda.
“Muy lamentable esta decisión, sin embargo, estamos muy esperanzados de que una vez que se investigue se aclaren las cosas y Marta pueda regresar a hacer su trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Estamos absolutamente seguros de que no hubo ninguna irregularidad, que las cooperativas han cumplido con la calidad del servicio que quieren los asegurados, de mucho mejor manera que lo hacen aquellos ebáis que son administrados directamente por la Caja.
“Así que, el que nada debe, nada teme. Que investiguen todo y a los seis meses veremos qué pasa”, destacó.
Pablo Sibaja, jefe de fracción de Nueva República, también dio su opinión al respecto.
“Consideramos que es importante permitirle al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes investigar este tema tan delicado como es la Caja.
“Recuerden cuando se hicieron los allanamientos, se comprobó que funcionarios estaban borrando correos electrónicos que podían ser pruebas de este y otros temas. Creemos que es importante que estas personas se separen de sus cargos y se les pongan las medidas que se establecieron, para que así no entorpezcan, no tengan nada que ver con la investigación y que esta determine si hubo un acto irregular”.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, se mostró satisfecho ante la suspensión.
“Hemos conocido la suspensión de varios directivos, inclyendo la presidenta ejecutiva. Dado el manejo irregular que se ha dado en la CCSS; esperábamos que que eso sucediera, confiamos en el sistema judicial, era lo aque correspondía, así ha sido y esperamos que las investiaciones lleguen hasta las últimas consecuencias”, expresó.
