Marta Esquivel recibió una noticia importante sobre su trabajo este lunes, al finalizar la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Dicha audiencia se extendió casi por una semana, ya que arrancó el martes 24 de setiembre, un día después de la detención de Esquivel y los otros siete sospechosos del caso Barrenador.
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Este lunes, al fin todas las partes terminaron de dar sus alegatos y ahora el juez tendrá tiempo para analizar la solicitud de la Fiscalía y también lo que dijeron los abogados de los sospechosos.
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Además de Esquivel, en esta causa están imputados los directivos y exdirectivos Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves, Jorge Porras López y Roberto Quirós Coronado, así como María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de proyección de servicios de salud de la Caja. A todos se les investiga por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Ellos son sospechosos de, supuestamente, permitir un millonario sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebais de la Gran Área Metropolitana.
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En contra de los imputados, la Fiscalía pidió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de seis meses: Impedimento de salida del país, entregar los pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción), prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a once testigos del proceso.
Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez, se pidió la suspensión del cargo, por el mismo periodo.
Como aún no hay una decisión tomada por parte del juez, de momento la presidenta de la Caja y los otros cinco funcionarios que podrían ser suspendidos, pueden ir a trabajar sin ningún problema desde este martes.
“La Fiscalía Anticorrupción indicó que, mientras el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública emite la resolución, estas personas pueden continuar en sus funciones, pues no existe normativa que establezca una suspensión, mientras se emite la notificación”, nos respondió el Ministerio Público.