La guapileña Margie Castillo y su esposo Irvin Méndez pelean para convertirse en padres y le apuestan a la fertilización in vitro (FIV).
Margie asegura que en la Caja de Seguro Social no le quieren hacer el procedimiento porque hace 16 años, cuando ya tenía una hija de 5 años y un niño de 2 años, ella se operó para no tener más hijos.
Castillo se casó por primera vez en 1998 y de ese matrimonio nacieron los niños mencionados. Sostiene que en aquel momento, su primer marido la obligó a operarse.
Esa operación, conocida también como esterilización voluntaria, es lo que le impide a la pareja someterse hoy a la FIV.
“Mi pareja y yo queremos tener un bebé y las autoridades me han negado la posibilidad de convertirme nuevamente en madre sin escuchar lo que me motivó a operarme hace dieciséis años. Pero desde hace seis años vivo con Irvin y es una persona responsable, atenta y juntos queremos formar una familia”, explica.
A la brava
Margie sostiene que durante su primer matrimonio vivió violencia doméstica.
“A mi hija mayor la tuve a los quince años y tres años después nació mi segundo hijo. Mi esposo nunca quiso que tuviéramos más de un hijo y me amenazó con quitarme a la niña”, afirma.
Dice que varias veces intentó separarse de su primer marido, pero que en ese tiempo la inmadurez y la posibilidad de quedarse sin el papá de sus hijos la atemorizaban.
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Margie vive desde hace seis años vive con Irvin y aunque él sabía que estaba operada, a los tres años de convivir empezaron a plantearse la posibilidad de tener un hijo.
"En agosto del año pasado fuimos al ebáis y nos dijeron que no había chance de entrar al programa (de FIV), busqué a mi ginecólogo y luego de hacerme exámenes concluyó en que aún me podía someter al tratamiento. Llevé la referencia al Hospital de las Mujeres y por mi insistencia la secretaria se la dejó, pero ella me dijo de una vez que no era candidata.
“Le pedí que me justificara la negación por escrito y a los días me la entregó, pero los médicos no oyeron razones. A final de año busqué al abogado Boris Molina y en enero entregamos una carta que él me redactó, pero a la fecha no me han dado respuesta”, afirmó.
La guapileña afirma que se están violando sus derechos.
“Nosotros no contamos con los recursos para ir a otro país a hacernos la FIV. Siento que están violando mis derechos, cuando me sometí a la cirugía fui amenazada y quiero ser mamá de nuevo y únicamente me rechazan el trámite y no escuchan mis razones”, dijo.
Un precedente
El abogado Boris Molina apoya a Margie y comenta que la misma situación de Castillo la vivieron dos parejas que él representó, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado costarricense sobre la aplicación de la FIV, en el 2012.
“Este es un tema ya resuelto por la CIDH, no entendemos la oposición de las autoridades. Las decisiones de las personas no están atadas al tiempo, porque las condiciones pueden variar”, expresó.
Molina agregó que están esperando para ver si la Caja desea atender a Castillo y así no recurrir a los tribunales.
"Días antes de que inauguraran la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad yo acudí con un juez de la Corte Interamericana para revisar que se cumpliera con las sentencias del 2012 y del 2016. Ese día entregué una copia del expediente de Margie y me dijeron que lo iban a revisar y al día de hoy no nos han dado respuesta. Si las autoridades no nos ayudan, creo que acudiríamos a la vía judicial”, comentó.
“Hay un consentimiento”
Jerchell Barrantes, coordinador de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad manifestó que los reglamentos y decretos existentes procuran ayudar a aquellas parejas que tienen problemas de fertilidad, que no es el caso de Margie.
“Nuestro objetivo es ayudar a aquellas personas que tienen un problema médico y por eso no han podido ser papás y que el dinero no sea un impedimento para que se sometan a este procedimiento. La CCSS está dando una solución a las familias que no pueden optar por la técnica”, afirmó.
Barrantes señaló que cuando Margie firmó el consentimiento para operarse (hace 16 años), sabía que el procedimiento para no tener más hijos no era reversible.
“En este caso no hay un problema de salud. Independientemente de la fecha en la que se realizó la cirugía, la paciente firmó un documento con carácter legal donde acepta que la operación no es reversible, por lo tanto no podría volver a tener más hijos y esta es una condicionante para que no se pueda someter a la técnica”, afirmó.