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La ley jaguar, en su nueva versión, ya está en trámite en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero no de la manera en la que pretendía el esposo de Pilar Cisneros, Édgar Espinoza, quien presentó la solicitud de referéndum.
Espinoza también había presentado la solicitud de referéndum de la primera ley jaguar, y para esta nueva versión pidió que se continuaran las gestiones de la segunda iniciativa bajo el mismo expediente que ya estaba abierto para así ganar tiempo, pero la solicitud fue rechazada. En ambas ocasiones, otro hombre llamado Alberto Cabezas también presentó solicitud de referéndum.
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“El Tribunal determinó que no es posible tramitar bajo un mismo expediente dos proyectos legislativos distintos. Por esto, se dispuso que se abriera un nuevo expediente, para que se tramite la petición de recolección de firmas para la segunda versión del proyecto”, explicó Andrei Cambronero, vocero de la presidencia del TSE.
Esto quiere decir que esta nueva petición deberá arrancar de cero; es decir, lo primero será hacer la revisión para determinar si la solicitud cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad.
Luego de esto, si supera el primer filtro, el proyecto pasaría a consulta ante el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Además, los magistrados electorales enviarán este segundo proyecto a una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, al igual que se hizo con el primero.
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El primer jaguar cayó cadáver
El Tribunal confirmó además lo que ya se sabía, el primer jaguar ya cayó cadáver.
La institución archivó la solicitud de someter a referéndum la famosa ley jaguar original, luego de que la Sala IV declarara inconstitucionales los cuatro artículos consultados y que los solicitantes (Édgar Espinoza y Alberto Cabezas) desistieran del trámite.
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Este martes 6 de agosto, la Sala IV también archivó la consulta de constitucionalidad que existía sobre la primera propuesta de “ley jaguar”, la cual fue planteada por 11 diputados de oposición. El alto tribunal descartó conocer el proyecto debido a que este ya no existe en la corriente legislativa.
La consulta la presentaron los seis diputados del Partido Liberal Progresista, junto con cuatro de Liberación Nacional y la independiente María Marta Padilla.
