EscucharLa ley jaguar se convirtió en un “absurdo” con la tercera modificación que fue anunciada este miércoles por el Gobierno, así lo asegura el politólogo Gustavo Araya, quien ya no le ve sentido a que el Poder Ejecutivo siga empujando la iniciativa.
Y es que el proyecto ya no se parece en nada a lo que anunció el Gobierno en un principio, el felino ya perdió las manchas, los dientes, las garras y hasta la cola.
Hagamos memoria, el 2 de mayo anterior, el presidente Rodrigo Chaves anunció con bombos y platillos, en su rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa, que lucharía por un referéndum para impulsar varios proyectos, entre ellos la Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, la venta del BCR, las jornadas 4x3 y eliminar las tarifas mínimas de honorarios de los colegios profesionales.
LEA MÁS: Ley jaguar: diputados le dan durísimo al Gobierno por insistir y hacer show político
En el camino, la iniciativa fue perdiendo el sentido, ya que los jaguares 1 y 2 fueron declarados inconstitucionales. Esta tercera versión solo tiene un artículo que pretende modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ¿qué pasó con los demás puntos?
El politólogo Araya dice que en realidad ahora queda al descubierto que la intención real del Ejecutivo nunca fue sacar adelante esas otras iniciativas.
“Lo importante para el Gobierno no era ni Ciudad Gobierno, ni la Marina, ni los otros proyectos, ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa para llevar a cabo planes de ese tipo y, sin embargo, el Poder Ejecutivo lo que ha hecho es criticarlas en lugar de presentar modificaciones a esos proyecto. Si el Gobierno considera que los proyectos presentados no son los adecuados, entonces debería presentar iniciativas propias viables, orientadas a ese fin específico o bien modificaciones a los proyectos existentes, pero lo que está pasando demuestra que el interés del Gobierno es quitarle la posibilidad de control a la Contraloría General de la República”, explicó.
Araya dijo que esa pretensión del Ejecutivo es descabellada porque finalmente tampoco le van a poder quitar las capacidades que tiene la Contraloría, pues estarían cayendo en una contradicción.
“La Sala Constitucional ha señalado que el único artículo que no era inconstitucional, era el que precisamente, bajo ciertas condiciones, señala que la Contraloría no comete excesos, no sustituye de manera alguna las intenciones del Gobierno, ni a la administración activa.
“Tratar de mantener vivo el proyecto jaguar, a pesar de los señalamientos de la Sala Constitucional, es un total absurdo. Si su intención es que ese proyecto sea visto en la Asamblea Legislativa, ya la ley lo considera, está claro que la Contraloría no interviene en la administración activa, ya los diputados no podrían tomarlo en cuenta porque es absurdo, no tiene ningún sentido hacer alguna modificación a algo que ya existe", argumentó el experto.
Araya dice, además, que el referéndum representaría un desperdicio de plata, ya que cuesta unos ¢3.500 millones y el Gobierno ha dicho que no hay plata para cubrir muchas cosas en educación, en salud, en política social.
“Sería un absurdo también invitar a la población costarricense a una votación para decidir sobre algo que ya existe", aseguró.
¿Está el Gobierno en campaña política?
El politólogo también dice que queda en evidencia que el Poder Ejecutivo quiere mantener una campaña política activa, con lo que a todas luces parece ser la candidata de gobierno: la ministra de la presidencia, Laura Fernández.
“Están haciendo publicidad, dedicando recursos y tiempo, dedicando conferencias de prensa y giras por todo el país y esto no sería otra cosa que una campaña política electoral escondida, a la espalda de la ley, de manera irregular, para atraer votantes.
LEA MÁS: Expocasa 2024 acercará a muchos ticos a su sueño de tener casita propia
“Todo esto lo desea el Gobierno bajo la mampara de la ley jaguar, de manera que se lleven recursos públicos, peligrosamente, a funcionar como una campaña electoral, esta sería la primera vez que se hace algo semejante”, manifestó el politólogo.
Lo evitó
Ante las críticas de quienes dicen que ya el Poder Ejecutivo quitó las cortinas de humo y ahora sí mostró el único interés que siempre tuvo con la ley jaguar, que es debilitar a la Contraloría, le preguntamos a Pilar Cisneros al respecto y ni siquiera habló de las promesas reales y proyectos por los que habría nacido el proyecto estrella del gobierno.
“La ley jaguar pretende hacer un cambio radical en la conducta de la Contraloría, que de manera ilegal pretende intervenir en asuntos que solo le corresponden al Gobierno, es decir, opina sobre qué está haciendo el MEP sobre educación preescolar, opina sobre cosas del Banco Central, opina y da órdenes al ICE de por qué no sube las tarifas, cosas que no le corresponden a la Contraloría”, dijo Cisneros.
Pilar dice que el Ejecutivo no quiere que se haga ese gasto del referéndum, pese a que fue su esposo, Édgar Espinoza, quien este miércoles fue por tercera vez al Tribunal a hacer la solicitud de referéndum para la ley jaguar.
“El Gobierno no quiere gastar 3.500 millones de colones en un referéndum, razón por la cual el presidente Chaves le ha pedido a los diputados que hagan la reforma en la Asamblea legislativa y en ese sentido ya le mandó una carta al presidente del directorio, al diputado Rodrigo Arias, para que le asigne por fin una comisión para reformar ese artículo del proyecto de ley”, dijo la legisladora.
