Los diputados que terminaron sus funciones el viernes 29 de abril, hicieron el daño antes de irse, pues dejaron aprobada una ley que prohibiría a los periodistas informar sobre investigaciones judiciales como los casos Cochinilla y Diamante.

Esta ley vendría a poner una mordaza a los comunicadores porque impide publicar lo relacionado con la prevención, investigación y sanción de delitos penales, administrativos o disciplinarios.

La Ley general de acceso a la información pública y transparencia, como se denomina, tampoco permitiría informar sobre allanamientos contra el narcotráfico o el despido de un funcionario corrupto.

La Teja consultó a Belisario Solono, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, su parecer sobre esta ley y fue muy directo.

“Esa ley es un adefesio jurídico aprobado en las penumbras de la noche, sin mayor apertura ni discusión y como parte de la satisfacción de egos que se producen cuando una Asamblea Legislativa va terminando su gestión”, explicó el periodista y abogado.

Solano agregó que sorprende porque lo que hace la ley es poner un bozal a los periodistas, lesiona la libertad de prensa y al periodismo investigativo.

“Lo que tienen que hacer y se se lo hemos pedido a la presidencia de la República, es el veto parcial de esa ley a efectos de que la Asamblea Legislativa pueda enmendarla y corregir todos los articulos que atentan contra la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución Política que garantiza el acceso libre a la información y que garantiza la libertad de prensa”, dijo el también exdiputado.

Para Solano esta ley viola convenios internacionales y amarra a los periodistas a no poder divulgar resultados de investigaciones en casos de corrupción.

“Si bien el Código Procesal Penal establece y contempla limitaciones en casos de investigaciones preliminares, también es cierto que hay periodistas que tienen la acuciosidad y logran llegar a fuentes que les permiten acceder a información privilegiada mediante la cual se garantiza el derecho a la información. El periodista que hace la labor de búsqueda y accede a la información por fuentes anónimas, no debe ser motivo de amenazas si quieren divulgar la información a la que han tenido acceso”, reiteró Solano.

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Confabulación

Para Belisario, se confabularon actores de diferentes sectores que fueron llevados de la mano, sin mala intención, por una legisladora (Carmen Chan, de Nueva República) que lo que quería era ponerse una medalla para figurar en la historia de la Asamblea como proponente de un proyecto de ley que se ha aprobado en muchos países de América Latina, pero que a la hora de “aticarlo” se cometieron muchas atrocidades jurídicas.

También agregó que como el presidente Carlos Alvarado dijo que no la iba a vetar por falta de tiempo, será el presidente Rodrigo Chaves quien, en el transcurso de la próxima semana, verá las observaciones jurídicas que mandaron a Presidencia.

“Tendremos en la Asamblea la oportunidad de discutir ampliamente el tema y sacar un texto que garantice y amplíe las facultades de trabajo que la prensa nacional tiene”, sentenció el periodista.

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Sin tiempo

Alvarado, presidente de la República y periodista de profesión, justificó su negación a vetar la ley.

“Para vetar una ley hay que recibir el documento firmado por los diputados, que llegaría hasta este jueves o viernes a mis manos, debo remitirlo a los ministerios involucrados (Presidencia, Comunicación y Justicia) para que emitan su criterio técnico y a partir de ahí poder vetarla o no. Nosotros desocuparemos las oficinas el viernes, ya no hay tiempo”, dijo el mandatario.

La Teja envió la consulta al equipo de comunicación del presidente electo, Rodrigo Chaves, para conocer su posición, pero al cierre de edición no habían respondido.

La fracción del Partido Liberal Progresista también envió una carta a casa presidencial solicitando el veto.