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Un lazo familiar une al empresario de apellidos Pacheco Dent, investigado por presunta tala irregular de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo y a Jeffrey Cerdas, jefe de Seguridad de Casa Presidencial, a quien Pacheco ha visitado en varias ocasiones en su oficina.
Una fuente le facilitó a La Teja un árbol genealógico, en donde se muestra que la esposa de Cerdas, de apellido Jiménez es prima tercera de Pacheco.
Para comprobar que esto es cierto, buscamos a un genealogista, quien prefirió no ser identificado, para que revisara el árbol genealógico y comprobó el linaje que une a ambas personas.
Según lo muestra el árbol genealógico, Coto Esquivel es hija de una señora de apellidos Esquivel Dent, quien es prima de la madre del empresario investigado: una señora de apellidos Dent Zeledón.
Pacheco ha hecho, al menos, siete visitas a Casa Presidencial, para sostener reuniones con el presidente Rodrigo Chaves y con el esposo de su prima.
Recordemos que el 8 de junio del 2022, a un mes de que Chaves asumiera sus funciones como presidente, Pacheco visitó la oficina de Cerdas. Según una bitácora de ingreso de visitantes facilitada a La Teja, la número 0000218 muestra que Pacheco ingresó a Casa Presiencial por el puesto 5 y se dirigía a la oficina de Cerdas. Según el documento, Pacheco ingresó a las 11:30 a. m. y salió a las 12:34 p. m.
Según el medio Crhoy, entre noviembre del 2022 y octubre del año pasado, Pacheco visitó en dos oportunidades al mandatario y en seis ocasiones más a Cerdas.
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En el ojo público. En febrero, un video en redes sociales mostró supuestamente a Cerdas intentando comunicarse con un oficial de Tránsito, que estaba emitiendo una multa por exceso de velocidad. El video mostró a un hombre y a una mujer que iban a ser multados por la ruta 32.
El conductor viajaba supuestamente con Tania Cerdas, quien dijo ser la hermana de Jeffrey. La mujer salió de un carro hablando por teléfono y le intentó dar el teléfono al oficial.
Las causas
Pacheco Dent es sospechoso, junto a otras cuatro personas, de una serie de irregularidades en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en una finca inscrita a nombre de una sociedad anónima en Talamanca, en el Caribe sur, con el objetivo de “cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, para desarrollar una infraestructura urbanística”.
El 15 de mayo, durante la conferencia de prensa del Gobierno, que se hizo en Cartago, con motivo del Día del Agricultor, el ministro de Ambiente Franz Tattenbach, se refirió a una denuncia sobre la circulación de camiones con tucas de madera en Talamanca.
El ministro aseguró que se trataba de proyectos de aprovechamiento forestal en áreas agropecuarias, tipificados por la Ley Forestal, y ubicados fuera del refugio y de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
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Inmediatamente, el presidente tomó la palabra y dijo: “Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional de esa costa sur de la provincia de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con esto.
“¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice ‘hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”.
La finca que defienden organizaciones ambientales es una de las 137 propiedades que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entregó a manos privadas mediante una ley del 2014, impulsada por el ahora alcalde de Matina Wálter Céspedes, quien en ese entonces era diputado del PUSC.
A esta ley la llamaron la “Ley Céspedes”, que la Sala IV declaró inconstitucional en julio del 2019. En esa oportunidad, los magistrados ordenaron devolver las propiedades al patrimonio del Estado, pero cinco años después, los terrenos siguen sin devolverse.
Lo defendió
El miércoles anterior, el presidente defendió a Pacheco Dent, durante la conferencia de prensa del Gobierno. Chaves aceptó que conoce al sospechoso y contó que vivió cerca de su casa, en el lujoso residencial Monterán, que se ubica en Curridabat.
“Don Allan vivió a la par de mi casa, este señor tiene desde generaciones atrás propiedades, muchísimo antes de que yo hubiese nacido, la familia, décadas”.
“El permiso está en orden, nosotros lo hemos investigado, cumple con todos los procedimientos nuestros para dar un permiso de aprovechamiento forestal. Ellos (la Fiscalía) creen que no seguimos bien nuestro procedimiento para dar un permiso, de si es o no es bosque. Para nosotros, la propiedad estaba sin ninguna anotación”, reconoció.
