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La Contraloría General de la República hizo una auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) y las cosas que encontró son como para ponerse a llorar.
El proceso pretendía evaluar la eficiencia y eficacia del servicio de educación pública para personas jóvenes y adultas, impartido por el MEP en distintas modalidades, con el fin de promover condiciones académicas accesibles. Este servicio atiende en promedio 134.982 personas por año.
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Entre los principales hallazgos de la Contraloría están:
- Disminución en la cobertura del servicio, pasando de 100.600 en 2019 a 91.300 personas en 2022. Disminuyendo también las posibilidades de esta población de acceder a mejores empleos, trabajo decente y emprendimiento.
- Ausencia de capacitación a docentes en técnicas para educación de su población objetivo. El servicio se presta usando técnicas de mediación pedagógica para niños y adolescentes.
- Debilidades de infraestructura física y acceso a Internet que limitan el acceso a la educación, la aplicación de distintos métodos de aprendizaje, así como potenciar el uso de distintos recursos educativos.
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- Falta de mecanismos o acciones para fomentar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. Por ejemplo, servicios de alimentación, transporte y transferencias monetarias condicionadas.
- El promedio general de aprobación decreció de 79.7% a 75.8% (entre 2021-2022), lo cual genera que se requiera una erogación mayor de recursos para atender a estudiantes reprobados.
Urge que el MEP tome acciones e inyecte recursos para fortalecer la educación, tanto la que abarcó la auditoría de jóvenes y adultos, como la de niños y adolescentes, ya que ahí también se han encontrado muchas deficiencias.
