El Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá velar por los derechos de las personas adultas sordas y continuar con el proceso educativo de este sector de la población, de acuerdo con la Sala Constitucional.
La Sala IV resolvió un Recurso de Amparo presentado presentado por el presidente de la Asociación Pro Defensa Derechos Sordos CR, Yordi Sotomayor y lo declaró con lugar.
Sotomayor alegó en el recurso que el MEP cerró el Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA) y reubicó a los estudiantes sordos en aulas regulares, sin tener en cuenta sus necesidades y derechos. Pese a que en octubre de 2023 se celebró una reunión con estudiantes afectados por el cierre del programa, el recurrente manifestó ante la Sala que el modelo propuesto no cubre las necesidades educativas de la población sorda.
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“En la sentencia 2023-033148, los magistrados ordenaron a la ministra de Educación Pública (Anna Katharina Müller) garantizar plenamente y de forma ininterrumpida, a las personas cubiertas actualmente por el programa SESA y a la población sorda en general, su derecho a la educación de calidad en condiciones de igualdad e inclusión.
“Además, el MEP no demostró en el expediente que el cambio de modelo proteja plenamente los derechos de los amparados, ni que, de ser necesaria, la transición a otro modelo educativo esta se haya consolidado totalmente antes de hacer cesar el actual sistema”, informó la Sala este lunes.