EscucharLa Fiscalía detalló por qué investigan y detuvieron a Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y allanaron 28 lugares en los que capturaron a otras seis personas.
Todas estas acciones son parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la junta directiva de la Caja, del período de febrero de 2023 a julio del 2024.
Los trabajos se llevan a cabo con la colaboración de la sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial y, de momento, han detenido a seis altos funcionarios y exfuncionarios de la junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
Además, los agentes cayeron en la casa a Marta Esquivel para detenerla, pero ella no estaba allí; sin embargo, cuando se dio cuenta de que la andaban buscando, no tuvo más remedio que presentarse en la Fiscalía, por lo que ya está en manos de la Policía Judicial.
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El Ministerio Público informó que, al parecer, dicha junta se apropió de forma indebida del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebais.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas, es decir.
“Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”, detalló la Fiscalía.
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Las autoridades también investigan el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, este se dio por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
