EscucharLa resolución final de la investigación realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, podría poner al presidente, así como a varios de sus compañeros de partido, entre la espada y la pared.
Resulta que esta investigación dio a conocer que, al menos, 16 personas del oficialismo habrían cometido cuatro delitos electorales, los cuales conllevan penas de dos a seis años de prisión.
Esta lista salpica a Chaves, al vicepresidente, Stephan Brunner; al canciller, Arnoldo André y a los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, por el financiamiento de la campaña electoral de Chaves.
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La conclusión a la que llega esta investigación es que “es posible sostener” que existieron dos “estructuras paralelas de financiamiento” para el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Estas estructuras no se utilizaron únicamente para financiar la candidatura de Chaves, sino que, al parecer, también ayudaron a que Waldo Agüero se convirtiera en diputado.
Estructuras
El informe del TSE es muy claro al detallar cómo es que, supuestamente, funcionaron ambas estructuras paralelas.
La primera es el controversial fideicomiso “Costa Rica Próspera” (CRP), que a ojos del Tribunal tiene un “grado de probabilidad razonable” de haber existido.
Este fideicomiso nació el 25 de febrero del 2021 y fue manejado por la compañía ATA Trust Company S.A, bajo las órdenes de Rodrigo Chaves y Arnoldo André, quien aparece como uno de sus representantes legales.
Según la investigación, entre 25 de febrero y el 8 de octubre del 2021, a este fideicomiso habrína entrado dos sumas anormales de dinero.
Una de ¢62.010.239 y otra ¢348.182 dólares, que equivale a unos ¢213.522.000, utilizando el tipo de cambio de la época.
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De esos totales, el TSE encontró que al menos ¢47.733.108 y $98.741 (poco más de ¢60.553.000) se utilizaron para “gastos político-electorales”.
La segunda estructura, no tiene un nombre como tal, pero se habría utilizado para financiar la campaña de Chaves y del diputado Waldo Agüero. En ella salen a relucir nombres como Sofía Agüero, hija de Waldo, y Jack Loeb Casanova.
Al parecer, a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, se movieron dos grandes montos de dinero: uno de ¢12.431.317 y otro de $208.844 (unos 128 millones de colones), para financiar ambas campañas.
Este informe dice que estos “movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente, por el partido PPSD en sus informes financieros-contables intermedios ni anuales”.
No queda de más señalar que el Código Electoral es muy claro al decir que todo el dinero que se utilice para campañas debe pasar a través de las cuentas del TSE, por ende, que existan estructuras paralelas queda totalmente prohibido y es ilegal.
Bajo la mira
Ahora, ¿de qué se le acusa a cada uno de los supuestos implicados? Vamos poco a poco porque son diversos los delitos que se pudieron haber cometido.
Rodrigo Chaves
En el caso del presidente, se le achacan tres delitos electorales.
Uno por supuestamente haber recaudado fondos para el PPSD “sin haber sido autorizado por el tesorero de la agrupación”, además de por “invitar a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust, siendo ya candidato electo por el PPSD”.
Este posible delito se podría castigar con penas de dos a cuatro años de prisión.
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Los otros dos, en realidad son el mismo, y es por, ya siendo candidato/precandidato, haber, supuestamente, recibido “contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
En este caso, como se detectaron dos estructuras paralelas, se le achaca el mismo aparente delito dos veces. Según la ley, se establecen penas de dos años a seis años de cárcel.
Stephan Brunner
Al vicepresidente, se le señala por, en apariencia, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, tomando en consideración que fue el tesorero de la agrupación.
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Para estos casos se establecen penas de dos a seis años de prisión.
Arnoldo André
Por su parte, al canciller se le señala por dos delitos electorales.
Uno es por, aparentemente, tener el rol de “administrador efectivo del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera”. Este se pena con hasta cuatro años de prisión.
El segundo es por supuestamente haber hecho donaciones que llegaban hasta los $5.500 (¢3.372.000) a ese fideicomiso a título personal, así como a nombre de dos empresas.
En este caso las posibles penas son de dos a cuatro años de cárcel.
Luz Mary Alpízar
A la diputada Alpízar se le menciona, ya que, al parecer, siendo presidenta del partido, recibió múltiples donaciones en especie, teniendo claro que “no habían sido sufragadas por personas físicas costarricenses, y así se lo hizo creer al TSE”.
Este tipo de faltas se penan con condenas de dos a seis años de cárcel.
Waldo Agüero
En el caso del diputado Agüero, la cosa es diferente.
Y es que, a él se le señala de una posible violación al código electoral, pero, única y exclusivamente, en caso de que estuviera al tanto de que se utilizó la cuenta de su hija para mover dinero con fines políticos.
La pena también sería de 2 a 6 años de cárcel.
